El representante Julio César Triana, de Cambio Radical, citó a un debate de control político en la Comisión Primera al ministro de Justicia, Iván Cancino, para que entregue un balance de cómo recibió la entidad por parte del gobierno de Gustavo Petro.
Además de convocar a Cancino, también citó al director del Inpec, Daniel Fernando Gutiérrez; y al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), Fidel Ignacio Espitia.
Triana requirió que, “en el marco de sus funciones y competencias, presenten informes y respondan el cuestionario anexo sobre el estado en el que el nuevo Gobierno recibe al sistema penitenciario y carcelario colombiano”.
En ese sentido, también convocó a la defensora del Pueblo, Iris Marín; al contralor general, Jorge Eliécer Laverde; y al director del Departamento Nacional de Planeación, Julián Buitrago.
Cancino ya ha alertado de algunos hechos que habrían ocurrido en la entidad. Según dijo, se habría modificado el manual de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por lo que le pidió al abogado Germán Calderón España, que estará al frente de esa institución, que haga un estudio técnico de lo sucedido.
“Detectamos una irregularidad con posibles incidencias legales por la presunta violación del principio de legalidad, puesto que revisada la página de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) advertimos que el 23 de julio de 2026 publicaron la Resolución 468, que modifica su Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales, la cual, si bien no altera la clasificación ni el nivel jerárquico de los empleos, sí ajusta perfiles académicos, núcleos básicos del conocimiento y funciones específicas”, afirmó Cancino.
El ministro de Justicia pidió que haya una revisión técnica en la que se garanticen el mérito, la transparencia y la igualdad en el acceso a la información para que se evite cualquier riesgo de direccionamiento o “amarre” de cargos.
En El libro de la verdad publicado por el “equipo de empalme anticorrupción” se detalla que en el sector de justicia se encontraron “obras fantasma” en las cárceles del país. En estas, según dijeron, los interventores habrían aprobado pagos por $ 78.493 millones de pesos “por infraestructura que no existía”. Se mencionó, además, que el 41,4 % de los reclusos estaría “durmiendo en el piso”.
“Mientras los contratistas cobran millones por obras que no existían, las prisiones colapsaban: 28 % de hacinamiento en penales y un 95,5 % en centros transitorios. La consecuencia humana es crítica: 41,4 % de los reclusos duerme en el piso por falta de camastros. Las cárceles no resocializan (solo el 25,4 % de los internos estudia), convirtiéndose en escuelas del crimen financiadas por los ciudadanos. El desvío de estos fondos impide solucionar una crisis humanitaria que la Corte Constitucional declaró ilegal, dejando estaciones de policía desbordadas que amenazan la seguridad de todos los barrios”, señaló el informe.