En el consejo de ministros de este lunes, 3 de marzo, el presidente Gustavo Petro propuso el pago a campesinos que deseen voluntariamente erradicar cultivos de coca en el Catatumbo, en Norte de Santander, una estrategia con la que busca ponerle freno a la disparada de plantaciones ilícitas que, sin duda, se convierte en el motor de la guerra por parte del ELN y las disidencias de las Farc.
Petro informó que el objetivo es pagar hasta el 90 % de un salario mínimo a un campesino que desee sustituir.
La propuesta no es nueva y se asemeja a la sustitución de cultivos ilícitos que planteó el gobierno de Juan Manuel Santos cuando firmó el acuerdo de paz de La Habana con la entonces guerrilla de las Farc.
El congresista de Cambio Radical, Óscar Campo, es del Cauca, fue gobernador de ese departamento y conoce como pocos la problemática de cultivos ilícitos en esa región del país donde las Farc, el ELN y otros grupos armados se disputan el control territorial de la zona.
Para él, “el presidente Gustavo Petro habla mucho de sustitución, pero cumple muy poco. Un vendehúmos profesional a costa de la buena fe del campesinado”.
A su juicio, el Programa Nacional Integral de Cultivos Ilícitos (PNIS), ha tenido las peores ejecuciones desde su creación. En 2023, según sus cifras, el crecimiento fue del 17 % y para el 2024 solo llegó al 26 %. Las cifras que da el presidente en el consejo de ministros pueden ser inimaginables por muchos, pero pueden ser más enormes cuando se quedan guardadas”.
Dijo que en Norte de Santander, “de las 1.565 familias que aceptaron renegociar el PNIS, según lo estableció el Plan Nacional de Desarrollo, a ninguna le han entregado la totalidad de los insumos ni materiales para la implementación de sus productos”.
Por eso, visiblemente preocupado, el congresista Campo le envió un mensaje a Gustavo Petro. ”Señor presidente, usted ha llevado a muchos campesinos al peor escenario posible: por un lado, los grupos armados los presionan; por el otro, su Gobierno les incumple”.
Y lo que dice el parlamentario es cierto. El Gobierno desconoce si el ELN, que ejerce su poder en subregiones como el Catatumbo, aceptará esta propuesta o, al contrario, recrudecerá las presiones contra los campesinos que siembran coca. Al fin y al cabo, las plantaciones le sirven como insumo para incrementar sus recursos, financiar la tropa, comprar armas y extender su poderío.
El objetivo del presidente es acabar, al menos, con 25.000 hectáreas de cultivos de coca en el Catatumbo en lo que resta de su gobierno.
“Esa violencia es porque hay 55.000 hectáreas sembradas de hoja de coca. Nuestro objetivo es erradicar la mitad en el lapso de tiempo que dejan los decretos de conmoción interior. Aclaremos ese punto: la conmoción interior dura 90 días, prorrogables otros 90 días. Sus efectos fiscales, que son lo más importante, es decir, poder poner impuestos o tasas, y reformar el presupuesto nacional; que ambas cosas son por ley, se hacen en estos 90 días, también por ley, pero expedida por el Gobierno nacional”, informó el presidente.