El fallo de la Corte Constitucional que ordenó liquidar el Ministerio de la Igualdad, que Gustavo Petro creó para entregar tareas a la vicepresidenta Francia Márquez, tiene en apuros a más de 600 personas que laboraban en esta entidad. Un decreto de la Presidencia ordenó la liquidación y designó como agente liquidador a Alfredo Acosta, el último ministro que tuvo ese despacho, y abrió la puerta para avanzar en la distribución de algunas de las funciones hacia Prosperidad Social y el Ministerio del Interior.
SEMANA conoció que el presidente Gustavo Petro tiene en su despacho un nuevo decreto que asignaría oficialmente las funciones al DPS y al MinInterior, y se espera que lo firme este fin de semana, tras su regreso de su encuentro con el papa León XIV, en Roma. En ese documento se especificará la hoja de ruta que se seguirá en medio de la liquidación del Ministerio de la Igualdad.
Actualmente, hay borradores del decreto que apuntan a que el DPS, por ejemplo, asumirá las funciones relacionadas con las mujeres, la economía del cuidado, los connacionales, los jóvenes y la discapacidad (algunas de ellas ya habían estado en esa entidad, pero fueron transferidas al Ministerio de la Igualdad durante su creación), entre otras. De manera preliminar, se proyecta que Prosperidad Social recibiría en su planta a 200 de los 600 cargos que quedaron en el aire tras el cierre administrativo del ministerio.
Sin embargo, el tiempo juega en contra de los funcionarios públicos del Ministerio de la Igualdad en liquidación, quienes ya temen por su futuro.
Una fuente de alto nivel del Gobierno le dijo a SEMANA que el Ministerio de Hacienda tiene que proferir un concepto de viabilidad para justificar los nuevos cargos y deberá revisar su presupuesto nacional y los impactos económicos que tendrán estos movimientos.
Posteriormente, Función Pública deberá avalar la reestructuración de las dos entidades para que allí sean reubicados los funcionarios que quedaron en el limbo y continúen laborando. Sin embargo, el director del DPS, Mauricio Rodríguez Amaya, le dijo a SEMANA que el Gobierno de Gustavo Petro ha avanzado a pasos agigantados para asegurarles el futuro laboral a estos funcionarios. De hecho, se establecieron varias mesas técnicas con funcionarios del MinHacienda, Función Pública, el Dapre, entre otras entidades, para avanzar en el proceso.
Si Gustavo Petro firma el decreto este fin de semana, el tema no terminará ahí.
Vendrá una cascada de decretos por parte del DPS y el Ministerio del Interior, en los que se tendrá que definir el proceso de adaptación para recibir funciones, cargos, entre otras responsabilidades.
“No es un decreto, son varios, entre ellos, el que define la reorganización de las entidades como la nuestra para poder cumplir con las tareas que vienen porque, claramente, con el esquema actual de Prosperidad Social no se podrían cumplir”, explicó Rodríguez Amaya.
El decreto del presidente estaría acompañado de la asignación presupuestal que permita mantener los gastos de funcionamiento que corresponden a las plantas y, posteriormente, se adelantarán nuevas revisiones jurídicas porque cada funcionario del Ministerio de la Igualdad tiene una condición especial, porque puede tener fuero de protección, fuero sindical, protección reforzada, entre otras.
El objetivo del Gobierno Petro es reubicar a los 600 funcionarios que laboran en el Ministerio de la Igualdad antes del 7 de agosto, porque ese día se posesiona el presidente Abelardo De La Espriella y se desconoce si optará por no continuar con el proceso y si las personas quedarán, definitivamente, sin trabajo. Al fin y al cabo, el sucesor de Gustavo Petro ha insistido en su política de ahorro y de reducción burocrática del Estado.
Los trabajadores del Ministerio de la Igualdad, que empezó a liquidarse desde el 20 de junio, luchan contra el tiempo porque los procesos administrativos del Estado son lentos y complejos. Y, aunque la orden del presidente es dejar aseguradas a estas personas, lo más probable es que la tarea le corresponda a Abelardo De La Espriella, quien puede avanzar con la reubicación de los funcionarios o, por el contrario, darles jaque mate en el Estado.