Trabajadores del Ministerio de la Igualdad permanecen en la entrada de las oficinas tras cumplirse la fecha prevista para el cierre administrativo del mismo, el pasado viernes 19 de junio, sin que se haya expedido la decisión que da inicio formal al proceso de liquidación.
Fuentes internas le contaron a SEMANA que, al no haber iniciado el proceso formal, por norma siguen siendo funcionarios públicos y están obligados a ir a trabajar.
Sin embargo, no se les permite el ingreso, por lo que permanecen fuera del edificio en un plantón en el que exigen que se garanticen sus derechos.
A esta hora, funcionarios del Ministerio de la Igualdad permanecen en la entrada de sus instalaciones a la espera de que el Gobierno nacional defina la situación laboral de más de 600 trabajadores que quedarían desempleados con la liquidación de la entidad.… pic.twitter.com/qCDMlswX8R
— Revista Semana (@RevistaSemana) June 22, 2026
En un video, un trabajador del Ministerio de la Igualdad, informó que fueron a la sede para ejercer su “derecho al trabajo”.
“Con mucha sorpresa, nos encontramos que el edificio se encontraba cerrado, pero también, cuando entregamos el carnet, nos requirieron para indagar si teníamos o no el permiso”, dijo.
Y agregó que fue la secretaría general y el despacho del ministro quienes desautorizaron la entrada, “violándonos así el derecho a la información, el derecho al debido proceso, el derecho a la igualdad y el derecho al trabajo”.
“Hasta ahora, no conocemos ningún decreto que busque la liquidación del Ministerio de la Igualdad y Equidad y tampoco tenemos información de qué pasará con nuestros puestos de trabajo”, sostuvo.
Este medio conoció que el ministro Lucho Acosta brilla por su ausencia, faltando a varias reuniones en las que los trabajadores pedían que se les definiera su estado, al quedar desempleados con la liquidación de la cartera.
Son cerca de 600 trabajadores a la deriva y aproximadamente 700 puestos de trabajo que serán eliminados, con el cierre del Ministerio de la Igualdad, que se acabará luego de que la Corte Constitucional declaró inexequible la ley con la que fue creada por vicios de trámite.