La respuesta a la emergencia ocasionada por el terremoto del pasado 10 de agosto tiene sobre la mesa una de las apuestas presupuestales más importantes del Gobierno: una intervención estimada en $1,8 billones para atender a las familias que sufrieron daños o perdieron sus viviendas.
La propuesta fue expuesta ante la Comisión Sexta del Congreso por el viceministro de Vivienda, Reynaldo José D’Silva, quien presentó las proyecciones de inversión y los mecanismos que se utilizarían para avanzar en la recuperación de los hogares afectados.
El esquema contempla dos líneas principales de intervención. La primera está relacionada con la incorporación de 4.699 inmuebles terminados al programa de atención, con el propósito de ofrecer una alternativa habitacional a las familias damnificadas. Para ello se proyecta un subsidio equivalente a 110 salarios mínimos por hogar, alrededor de $192 millones.
La financiación de estos recursos estaría distribuida entre el Ministerio de Vivienda, que aportaría cerca de $52 millones por beneficiario, y el Fondo Milagro, responsable de los aproximadamente $140 millones restantes.
La segunda línea apunta a recuperar inmuebles que pueden continuar siendo utilizados. Para ese propósito se plantean 19.000 mejoramientos habitacionales, de los cuales 14.717 corresponderían a viviendas urbanas y 4.283 a rurales.
El componente financiero también involucra a Fonvivienda, con recursos proyectados por $750.215 millones, y al Fondo Milagro, cuya participación ascendería a $1,056 billones.
A estas iniciativas se agrega la oferta del sector privado. Empresas han comprometido 1.119 viviendas para los hogares afectados, aunque el avance de las entregas todavía es limitado: 21 inmuebles ya fueron recibidos y 1.098 continúan pendientes.
La ejecución de los recursos, la disponibilidad efectiva de las viviendas y los tiempos de entrega serán determinantes para establecer el alcance real de una estrategia que busca responder a las necesidades habitacionales que dejó la emergencia.