Desde la Casa de Nariño, la presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diana Patricia Bravo, entregó detalles de una diligencia judicial que adelantó la Fiscalía por presuntos hechos de corrupción en la administración del expresidente Gustavo Petro.
Alarmas que se encendieron, luego de que fuentes pusieron en conocimiento sobre presuntos hechos que al parecer fueron irregulares, en una de las sedes de la SAE en Barranquilla.
La Fiscalía, ante esa información, realizó varios allanamientos: “Quiero informarles a los colombianos que el pasado domingo 27 de septiembre, la Fiscalía General de la Nación, a través de la seccional Atlántico, y con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación, realizó una diligencia de allanamiento y registro en las instalaciones de la Sociedad de Activos por Colombia, en la ciudad de Barranquilla”.
“Esta actuación se originó luego de que, desde la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, pusiera en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación información recibida de una fuente sobre presuntas irregularidades que podrían estar ocurriendo al interior de la citada entidad. Estos actos propios de corrupción están siendo investigados”, detalló la funcionaria del Gobierno nacional.
La presidente de la SAE señaló que la información tiene que ver con una posible manipulación de los sistemas de información de la sociedad Activos por Colombia, que podría incluir la eliminación de cuentas, correos electrónicos, archivos y “otra información institucional que eventualmente estaría siendo ocultada a la nueva administración designada por el Gobierno nacional”.
“Ante la gravedad de estos, las autoridades competentes actuaron; la diligencia de allanamiento y registro se desarrolló por la Fiscalía novena especializada de la estructura de apoyo y policía judicial del cuerpo técnico de investigación durante horas de la tarde del 27 de septiembre y contó con el acompañamiento de una delegada de turno de la Procuraduría General de la Nación con el propósito de verificar que el procedimiento se adelantara con pleno respeto de la ley y de las garantías correspondientes, dado que se encontraron motivos razonables fundados de la comisión de conductas delictuales”, subrayó.
Además, manifestó en la declaración que dio en la Casa de Nariño: “Al igual, se trabajó de manera articulada con la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, la DIJIN, Delitos Cibernéticos a Nivel Nacional y Grupo Anticorrupción.
Como resultado de la diligencia, fueron incautados equipos tecnológicos que serán sometidos a los respectivos análisis forenses por parte de las autoridades competentes que permitan asegurar la evidencia digital. Será revisada por el juez de control de garantías la legalidad formal y material del procedimiento realizado a la sociedad de activos por Colombia. Mediante decisión declara la legalidad de procedimiento, de registro y de allanamiento”.
“Serán esos análisis técnicos y la investigación de la Fiscalía los que permitan establecer si efectivamente existió manipulación, alteración o eliminación de archivos, correos, cuentas o cualquier información de la Sociedad de Activos Especiales, así como determinar las eventuales responsabilidades a que haya lugar”, afirmó.
Sumado a ello, dijo: “La Sociedad de Activos Especiales reitera su compromiso con las acciones lideradas por el Gobierno Nacional en la lucha contra la corrupción que afecta a los bienes administrados en detrimento del interés general. Desde esta nueva administración de la SAE vamos a prestar toda la colaboración que requieran la Fiscalía, la Procuraduría y los demás organismos de control. Aquí no venimos a ocultar información ni a interferir en las investigaciones”.
“Por el contrario, nuestra instrucción es clara, preservar la información, garantizar absoluta transparencia y permitir que las autoridades lleguen hasta el fondo de lo ocurrido. Los activos y la información que administra la SAE son patrimonio público y deben manejarse con rigor, con transparencia y absoluto respeto por la ley”, recalcó.
E insistió finalmente: “Esta administración garantizará que toda la información institucional sea protegida y puesta a disposición de las autoridades cuando sea requerida. Que sean las pruebas, los análisis forenses y la justicia los que determinen qué ocurrió y quiénes deben responder. La SAE reafirma su compromiso con la transparencia y con la lucha contra la corrupción”.