El gobierno del presidente Gustavo Petro quedó en el ojo del huracán después de las revelaciones que hizo Noticias Caracol sobre los presuntos vínculos de altos mandos de la Fuerza Pública y de funcionarios de entidades del Estado con las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá.
Las conexiones serían tan profundas que ese grupo armado habría financiado, presuntamente, la campaña de Petro a la Presidencia de 2022 a través de apoyos que habrían llegado a la vicepresidenta Francia Márquez, una denuncia que esta ha negado de forma rotunda, calificándola como una “infamia”.
El jefe de Estado está en la recta final de su administración, a menos de nueve meses de dejar la Casa de Nariño, y entra en una nueva crisis de credibilidad que toca a quien fue su fórmula para llegar a la Presidencia y que, además, deja en duda la que ha sido una de sus principales banderas: la paz total.
“La institucionalidad que todos pagamos fue captada, en puntos clave, por la delincuencia narcoterrorista. Esto no es casualidad. Tenemos un gobierno que, por acción deliberada o por imperdonable ceguera, ha permitido que los responsables del peor caos de orden público en décadas tengan hoy influencia real dentro del Estado”, cuestionó la representante y precandidata a la Presidencia, Juana Carolina Londoño.
Las revelaciones son tan graves que la senadora María Fernanda Cabal ya alista una nueva denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra el jefe de Estado. Ese no es el único proceso que comenzará a partir de la denuncia, pues la senadora Paloma Valencia también anunció un debate de control político a las instituciones implicadas en este caso.
Las críticas son voluminosas y han llegado incluso desde las entrañas del petrismo. La senadora María José Pizarro dejó claro que desde la “izquierda democrática” no toleran ningún vínculo de las instituciones del Estado con las estructuras armadas y dejó claro que la posible infiltración criminal constituye una amenaza grave que debe ser objeto de investigación sin importar de qué gobierno se trate. No obstante, otras figuras reconocidas del Pacto Histórico han guardado silencio sobre el asunto.
Por su parte, la senadora Paola Holguín señaló que el Gobierno tiene que dar explicaciones sobre los presuntos vínculos de los altos mandos de la Fuerza Pública con alias Calarcá, el posible enlace del alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wílmar Mejía, con las disidencias, y la presunta financiación de esa guerrilla a la campaña del Pacto Histórico de 2022, a través de la vicepresidenta Francia Márquez.
“Los colombianos hoy exigen explicaciones y los congresistas tenemos la obligación de exigir que se expliquen varios temas de esas graves denuncias”, sostuvo la senadora Holguín. El escándalo salpica a las directivas de Indumil y a un funcionario de alto rango de la DNI, quien tiene línea directa con el jefe de esa entidad.
Hasta el expresidente Juan Manuel Santos envió un fuerte llamado al presidente Petro, advirtiéndole que debe darle explicaciones al país porque, asegura, la institucionalidad del Estado quedó en riesgo por cuenta de las presuntas conexiones que tendrían las disidencias de las Farc con las instituciones del país.
“Presidente Petro, lo que salió a la luz pública es muy grave y totalmente inaceptable. El país necesita conocer la verdad. Es el Estado de derecho lo que está en juego”, le dijo Santos al exmandatario.
Petro desestimó las revelaciones hechas por Noticias Caracol, asegurando que se trataría de información “falsa” suministrada por la CIA.