En Colombia siempre se ha dicho que la democracia no tiene precio, pero ante la crisis fiscal del país y las advertencias de un posible aprovechamiento de diferentes mecanismos políticos para mantener vigencia y conseguir recursos para futuras aspiraciones, en el Congreso aterrizará una reforma constitucional que busca acabar de manera definitiva con la reposición de votos en consultas internas e interpartidistas.
Toda esta discusión política surgió por la revelación de SEMANA el pasado 19 de agosto, cuando se dio a conocer que la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, será la primera excandidata que recibirá millonarios recursos de reposición de votos, en su caso tras la consulta interpartidista que se adelantó en Colombia el pasado 8 de marzo para escoger al candidato que competiría por el centro político en la primera vuelta presidencial. La sala plena del Consejo Nacional Electoral le autorizó el pago de 4.941 millones de pesos por concepto de reposición de votos.
Aunque otros aspirantes presidenciales también recibirán dichos dineros, el caso de López ha generado rechazo porque esa consulta fue creada por ella y para ganar ella, lo que ha sido interpretado como una jugada política para mantener vigencia y tener algunos recursos para una posible aspiración en 2027. El CNE fijó que cada voto se pagará a 8.710 pesos, y el grupo ciudadano, por el que se inscribió la exmandataria de los bogotanos, obtuvo 573.104 respaldos en las urnas. La cifra fue calificada como pobre frente a las elecciones a la Alcaldía de Bogotá, en 2019, cuando obtuvo más de 1.100.000 respaldos.
Por esa razón, está listo el acto legislativo “por medio del cual se modifica el artículo 109 de la Constitución Política en materia de financiación de las consultas de los partidos y movimientos políticos”, dice el texto.
Es una reforma de solo dos artículos. El primero advierte sobre el objeto del cambio: “Eliminar la financiación estatal mediante el sistema de reposición de gastos por votos obtenidos en las consultas internas, populares e interpartidistas de los partidos, movimientos políticos y grupos significativos de ciudadanos”.
El segundo artículo fija que las campañas electorales que adelanten los candidatos avalados serán financiadas parcialmente con recursos del Estado y que la ley determinará el porcentaje de la votación necesario para obtener dicha financiación, es decir, aumentarán los requisitos.
“También se podrá limitar el monto de los gastos que los partidos, movimientos, grupos significativos de ciudadanos o candidatos puedan realizar en las campañas electorales, así como la máxima cuantía de las contribuciones privadas, de acuerdo con la ley”, dice dicho artículo de la reforma.
Esta iniciativa es de autoría del senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, quien lanzó duras críticas contra la decisión del CNE al considerar que Claudia López, sin opción alguna, ingresó a la campaña presidencial únicamente para obtener dicha reposición de votos. “Este proyecto busca cerrar la puerta a un negocio injustificable. Que los sectores políticos reciban recursos públicos por los votos obtenidos en las consultas internas o interpartidistas. Hay que acabar ese barril sin fondo”, dijo.
Sin embargo, el trámite podría tener complicaciones, ya que el principio de la financiación estatal se creó como herramienta para que cualquier persona pueda participar en una contienda y tenga un respaldo económico del Estado, pero la figura, según algunos congresistas, se ha usado como negocio por parte de algunos políticos para mantener vigencia electoral.
El debate se dará en el Legislativo y se conocerá si los partidos están dispuestos a renunciar a dichos recursos, a los que tienen derecho actualmente, según la ley. Algunos sectores aseguran que esta reforma podría modularse para que la financiación se mantenga, pero únicamente para votaciones altas y no para consultas como las de Claudia López. El debate está abierto.