El senador Hernán Cadavid cuestionó la decisión del Gobierno de Abelardo De La Espriella de objetar el proyecto de ley que buscaba impedir la reducción de los requisitos mínimos para acceder a cargos de alta responsabilidad en el Estado.
Me entero en medios de comunicación que el actual Gobierno me objeta una Ley que con mucho esfuerzo aprobamos para privilegiar el mérito e impedir que se disminuyan los requisitos mínimos para acceder a los cargos de alta responsabilidad
— Hernán Cadavid (@hernancadavidma) August 21, 2026
Desconcertante https://t.co/NcD0NArxnQ
“Me entero en medios de comunicación que el actual Gobierno me objeta una Ley que con mucho esfuerzo aprobamos para privilegiar el mérito e impedir que se disminuyan los requisitos mínimos para acceder a los cargos de alta responsabilidad. Desconcertante”, escribió Cadavid.
La iniciativa, identificada como el proyecto de ley 056 de 2024 de Cámara y 345 de 2024 de Senado, fue objetada por el Ejecutivo por razones de inconstitucionalidad e inconveniencia.
El Gobierno sostiene que algunas de sus disposiciones interfieren con competencias constitucionales del Ejecutivo y generan restricciones excesivas para la administración pública.
Uno de los principales reparos está relacionado con la obligación de solicitar concepto previo a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para modificar los manuales de funciones de cargos directivos.
Para el Gobierno, esto convertiría a una instancia consultiva en una especie de autoridad de control previo sobre decisiones administrativas y afectaría la separación de poderes.
El Ejecutivo también considera que la prohibición de reducir requisitos produciría una “petrificación legislativa”, al limitar la posibilidad de que en el futuro se ajusten los perfiles de los cargos según las necesidades de la administración.
A su juicio, esto también restringiría las facultades del Presidente para organizar los empleos de la Rama Ejecutiva.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con los cargos de libre nombramiento y remoción. El Gobierno sostiene que establecer procedimientos adicionales para modificar sus perfiles podría limitar la capacidad del Ejecutivo para conformar los equipos que necesita para desarrollar su programa de gobierno.
En materia disciplinaria, la objeción señala que el proyecto podría convertir en falta gravísima la reducción de requisitos frente al perfil del funcionario anterior.
Para el Ejecutivo, esto podría hacer que la hoja de vida de quien ocupó previamente un cargo se convierta, en la práctica, en el estándar obligatorio para su sucesor.
El Gobierno también considera desproporcionado que una modificación de los requisitos pueda generar sanciones como destitución e inhabilidad de hasta 20 años, incluso cuando no exista un perjuicio concreto para el servicio público.
Finalmente, el Ejecutivo argumenta que la legislación vigente ya establece requisitos mínimos para los cargos directivos y advierte que la nueva regulación podría generar mayor rigidez, retrasar la provisión de puestos y dificultar el acceso de profesionales jóvenes o provenientes de regiones.
La decisión deberá ser estudiada nuevamente por el Congreso. Mientras Cadavid defiende la iniciativa como una herramienta para proteger el mérito y evitar el descenso de las exigencias para ocupar cargos directivos; el Gobierno sostiene que la ley limitaría competencias constitucionales y reduciría la capacidad de la administración para adaptar sus perfiles a las necesidades del Estado.