La Alcaldía de Barrancabermeja habría hecho fiesta con los recursos de las regalías, aparentemente, para cubrir las deudas políticas y electorales de 2023. Este es el primer hallazgo del bloque anticorrupción que creó el presidente Abelardo De La Espriella.
Las pruebas documentales indican que, durante la administración de Jonathan Vásquez, se habrían comprometido más de 119.000 millones de pesos con supuestas conductas irregulares.
Ese dinero terminó en manos de FonColombia, un fondo mixto para el desarrollo integral y la gestión social que opera desde Bucaramanga y que contrata bajo normas del derecho privado.

“Con esos recursos, FonColombia adjudicó siete procesos contractuales que, según la documentación examinada, no fueron publicados en el Secop II, el sistema donde cualquier ciudadano puede ver cómo se gasta la plata pública”, dijo el mandatario.
No solo eso. Los funcionarios detectaron que seis de los siete procesos tuvieron un único oferente, y que cuatro de los cinco contratos quedaron en empresas vinculadas con Jorge Humberto Argüello, conocido como Bachiller.
Se trató de iniciativas millonarias destinadas para el mejoramiento de corredores viales, instituciones educativas y proyectos de energía solar que, en su mayoría, fueron adjudicadas en plena campaña por el Congreso y la Presidencia.
Los cuestionamientos
De La Espriella formuló varios interrogantes: “¿Por qué se trasladaron estos recursos a un fondo que contrata por derecho privado? ¿Por qué hubo tan poca participación de oferentes? Eso es lo que queremos que la Fiscalía aclare. ¿Cómo se explica semejante concentración de contratos en empresas vinculadas a la misma persona?”.
En la Casa de Nariño se cree que personas por determinar habrían incurrido en interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin cumplir con los requisitos legales, acuerdos para restringir la competencia, tráfico de influencias de particular, prevaricato por acción e intervención en política de funcionarios públicos.

Estos hechos deberán ser investigados por la Fiscalía, y también se le pidió a la Superintendencia de Industria y Comercio que analice un escenario de presunta corrupción en los procesos de selección de los contratistas.
El Gobierno nacional no descarta que, posiblemente, algunas empresas hayan realizado acuerdos debajo de la mesa para recibir los millonarios contratos sin que se hubiera dado la competencia que se requiere.
“Estoy denunciando hechos que exigen explicaciones y una investigación rigurosa, que se siga la ruta de los recursos públicos, que se revisen todos los contratos y que, si hubo delitos, respondan todos los responsables sin importar su poder económico o político”, agregó el presidente.
Rastro de bachiller
Jorge Humberto Argüello, conocido como Bachiller, estaría detrás del aparente entramado que denunció la Casa de Nariño. Él sería un zar de la contratación en Santander y los órganos de control analizan sus movimientos en ese departamento.
La hipótesis del Gobierno nacional es que sus empresas se habrían beneficiado del presunto entramado irregular de las regalías en la Alcaldía de Barrancabermeja.
Cuando el alcalde Jonathan Vásquez fue cuestionado por los medios de comunicación sobre la relación que tendría con el contratista, él se distanció de las versiones y se limitó a afirmar que solo había escuchado de él y que no lo conocía.

Sin embargo, una fotografía y un video publicados por SEMANA demostrarían la cercanía de los dos personajes que están bajo las autoridades judiciales.
La imagen fue tomada en un concierto. Allí aparecen los dos hombres junto a sus parejas, y a un lado está el polémico senador Gustavo Moreno, salpicado en el escándalo de corrupción en la Unidad para las Víctimas.
El nombre de este último sería clave en el entramado porque, aparentemente, habría acudido al Departamento Nacional de Planeación, durante la administración de Gustavo Petro, para acelerar los recursos y destrabar proyectos.
En el video, que tuvo lugar en el Carnaval de Barranquilla, también se les vio juntos con sus parejas. Lo que desmiente la teoría que ofreció ante la prensa el alcalde para tratar de apartarse del escándalo.
“Call center” electoral
Diversas fuentes les han pedido a las autoridades que relacionen el eventual escándalo de corrupción con la campaña electoral del alcalde Jonathan Vásquez en 2023 y el flujo de dinero que tuvo, presuntamente, para comprar votos.
La Fiscalía lo acusó de liderar un grupo para manipular al electorado junto a su hermano, Maycol Brandon Vásquez, en esa contienda.

Son varios los insumos que se tienen, como unas grabaciones publicadas por SEMANA en las que se le escuchó al familiar del mandatario, a pocos días de las elecciones, contar cómo funcionaría la estrategia para asegurar los votantes.
La hipótesis es que Maycol reclutó a diferentes líderes sociales en Barrancabermeja y les asignó un número determinado de cupos para la supuesta compra de votos.
Por medio de un grupo de WhatsApp, Vásquez contó cómo funcionaría el plan: “Viviana pasó una lista de 30 personas desde el 30 de junio. Del 30 de junio al 20 de octubre, el call center de Jonathan estuvo llamando a esas 30 personas para sondearlas. Pasó y aconteció que solamente 20 respondieron que Jonathan Vásquez a la Alcaldía; los otros diez, o no contestaron o respondieron que estaban con otro candidato a la Alcaldía. Jonathan nos da esos resultados a nosotros el 20 en la noche y nos dice: ‘Viviana, como líder, tiene 20 cupos para 20 personas, porque los otros diez, por una u otra razón, no entraron’”.

Con base en esos números, aparentemente, se pagarían 100.000 pesos por cada votante. Al parecer, esa plata se entregó el 29 de octubre de 2023, el día de la contienda, en diferentes “casas amigas” distribuidas en Barrancabermeja.
Por esta razón, el alcalde enfrenta cargos por concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante y constreñimiento al elector. También responden ante la justicia su hermano Maycol Brandon Vásquez y el concejal Ariel de Jesús Zambrano, quien habría salido beneficiado con los “call centers”.
¿Corrupción y votos?
Uno de los objetivos de la investigación será establecer si hay una vinculación entre la asignación de contratos, aparentes beneficios y la campaña electoral de 2023.
El presidente Abelardo De La Espriella pidió especial atención sobre las contiendas de 2026, tanto la legislativa como la presidencial, pues la mayoría de contratos –financiados por las regalías– se habrían asignado en esa temporada.

Además de la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Personería de Barrancabermeja estudian todas las hipótesis.
El alcalde de Barrancabermeja fue contactado por SEMANA para que respondiera sobre las denuncias y no hubo respuesta.
