“Presidente Abelardo, le voy a demostrar dónde están los 119 mil millones de los proyectos”. De esta forma, el alcalde de Barrancabermeja, Jonathan Stivel Vásquez Gómez, le respondió al presidente Abelardo De La Espriella, que este miércoles lo denunció presencialmente ante la Fiscalía por actos de corrupción.
Curiosamente, el mensaje del mandatario santandereano fue eliminado de sus redes sociales.
Lo que sí sigue en firme es la acusación que le hizo la Fiscalía General por los delitos de concierto para delinquir agravado, corrupción al sufragante, constreñimiento al sufragante y soborno a testigos en actuación penal.
Los hechos se presentaron, según reza el escrito de acusación conocido en su totalidad por SEMANA, en junio de 2023 cuando el entonces candidato a la alcaldía de Barrancabermeja se concertó con otros dirigentes políticos de la región para atentar contra los mecanismos de participación democrática.
Buscando así garantizar la elección de Vásquez Gómez a la Alcaldía de Barrancabermeja y sus fichas políticas en los concejos municipales.
Para esto, elaboraron lo que la Fiscalía General llamó un “pacto criminal” que tenía como fin comprar votos y generar presión a los votantes.
“Jonathan Vásquez, quien además de ser la persona que sería elegida por el pago de estos dineros ilícitos (...) su función era aportar el dinero, dirigir y coordinar a las distintas personas que hacían parte de la organización a efectos de que se materializaran las entregas a los distintos candidatos al Concejo que lo apoyaran en su elección”, indica la acusación.
Después de garantizar su elección, indicaba el plan, buscaría nombrar a sus fichas en puestos claves del Concejo de Barrancabermeja, a la Personería “y demás empresas respecto de las cuales tiene participación la Alcaldía”.
“Unas personas encargadas de coordinar a los líderes, igualmente, de entregarles las sumas de dinero a estos líderes y a los candidatos al Concejo y ediles, para que a su vez estos las entregaran a los votantes. Igualmente, eran los encargados de realizar las verificaciones posteriores respecto a su aptitud para votar por los candidatos”, señala el documento.
Es decir, cada persona tenía un rol definido para la compra de los votos.
