Una de las principales banderas del Gobierno de Abelardo De La Espriella es el combate frontal contra los criminales y para eso necesita sacar adelante la ley de sometimiento, que delimita las condiciones para que los delincuentes se acojan a la justicia a cambio de pocos beneficios.
El problema es que el Congreso tiene los tiempos ajustados para aprobarla, lo cual deberá suceder a más tardar el 4 de noviembre, luego de que el Senado y la Cámara de Representantes la concilien.
Hasta este viernes, el Senado comenzó la discusión del proyecto y avanzó en la aprobación de cuatro artículos. En el caso de la Cámara de Representantes, se citó para el lunes 2 de noviembre, que es festivo.
Los cuatro artículos no tenían proposiciones y están relacionados con la creación de una unidad especial en la Fiscalía, la protección a las víctimas de violencia sexual, las inhabilidades políticas y administrativas que tendrían quienes se sometan, además de la aclaración de que no se pueden crear nuevos beneficios o modificar las condiciones que se establezcan en esta ley. Faltan 25 artículos que se discutirán el martes a partir de las nueve de la mañana, que son la pepa del proyecto.
Aunque los sectores gobiernistas le están poniendo el acelerador a la discusión, no se trata de una tarea sencilla. La oposición pretende torpedear el debate para que esa normativa quede estancada. En principio, el Gobierno contaría con las mayorías para aprobarla, pero hace falta ver la voluntad política que haya, sumada a la ausencia de un ministro del Interior en propiedad.
El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, coordinador del proyecto, afirmó que se han hecho cambios desde que fue radicada la propuesta, como la aclaración de que los reclutadores de menores de 14 años no puedan acceder a los beneficios.
Asimismo, para el caso de delitos como lavado, testaferrato y enriquecimiento ilícito de los colaboradores de esas estructuras, inicialmente se planteó que luego de un año del cumplimiento de la pena podrían solicitar la libertad, por lo que se ajustó a tres años.
“No hay una negociación de carácter político, es una reforma a la ley penal que se enmarca en un terreno jurídico para que las organizaciones criminales se sometan a la justicia”, aclaró Cadavid. El senador dijo que los procesos quedarán en manos de la Fiscalía y no se crearán tribunales especiales.
La discusión ha sido compleja. Desde el primer debate se presentaron alrededor de 320 proposiciones de todos los sectores. Este recurso puede llegar a ser utilizado por la oposición para dilatar el proceso. Para prevenirlo, se realizó un foro el pasado jueves en el que participaron miembros de la oposición y actores como la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, entre otros. Las recomendaciones presentadas han ido quedando establecidas en el ajuste del texto para avanzar rápidamente en los próximos días.
La base del proyecto está más detallada; por ejemplo, para el caso de la entrega de bienes, se precisó que debe ser “completa, efectiva y verificable” o el implicado podría perder los beneficios del sometimiento.
Uno de los propósitos de fondo es acabar con la paz total del Gobierno de Gustavo Petro. “Se cierra normativamente, se acaba y se replantea el enfoque en materia de seguridad y orden público”, confirmó Cadavid. La reducción del 50 por ciento de la pena está planteada para quienes forman parte de la base de las estructuras, no para los cabecillas, que podrían acceder a un 30 por ciento.
Asimismo, se estableció que la voluntad de la entrega se haga a través de un abogado que no pertenezca a la organización, que era otro de los puntos que generaba discusión.
La premura del tiempo preocupa a quienes buscan sacarla adelante. La discusión se ha dado al límite en el Congreso, aunque ha avanzado de buena manera. Por eso, no hay margen de error en el debate de los próximos días.