El Gobierno de Gustavo Petro decidió cambiar el modelo de salud de los maestros con la promesa de reorganizar la atención de los docentes, sus familias y los pensionados del magisterio. La transformación comenzó el primero de mayo de 2024.
Dos años después, sin embargo, los documentos oficiales emitidos por la Fiduprevisora y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en Colombia (Fomag), ante una petición de la senadora Claudia Margarita Zuleta; y las alertas de los organismos de control, exponen el enorme agujero negro en el que se convirtió la salud del magisterio durante la era Petro.
Una respuesta de Fiduprevisora al Senado proyectó que el sistema necesitaría 6,07 billones de pesos para atender sus obligaciones durante este año; sin embargo, dentro de las arcas del Fomag solo reposaban 3,72 billones. La diferencia superó los 2,35 billones de pesos. Incluso, se dice en el oficio que llegó al Legislativo que, si se concretaban traslados adicionales por 1,1 billones de pesos, el faltante calculado por la entidad todavía superaba los 1,25 billones de pesos.
Solo para ejemplificar la gravedad de la situación, el documento asegura que, de hecho, después de cubrir las necesidades hasta julio, solo quedaron en las cuentas de la entidad cerca de 120.502 millones de pesos disponibles, lo que alcanzó para cubrir apenas el 24,4 por ciento del costo proyectado para agosto.
Nuevas cifras divulgadas en octubre por el Ministerio de Hacienda advertían que la preocupación todavía es latente y sigue presionando un déficit de 2,7 billones de pesos para el Fomag. Mientras tanto, la Procuraduría alertó sobre un faltante de 1,84 billones de pesos para financiar la salud en lo que queda de 2026.
Contratos pendientes
La crisis no se explica solamente por la falta de dinero. En su respuesta al Senado, la Fiduprevisora reconoció que varias estrategias de contratación previstas para 2026 no se concretaron. Esto limitó la posibilidad de aplicar medidas para contener los costos y organizar mejor la prestación de los servicios.
Las advertencias también llegaron de los organismos de control. La Superintendencia Nacional de Salud ya había informado que ocho de las 13 órdenes impartidas a Fiduprevisora presentaban incumplimientos, principalmente relacionados con la contratación y la conformación de la red prestadora. La Procuraduría también alertó sobre problemas contractuales y riesgos para la continuidad de los servicios.
El 27 de octubre, el propio Ministerio de Educación informó que representantes de 29 departamentos habían expuesto dificultades en la atención médica, el reconocimiento de prestaciones y la gestión del fondo. Cauca reportó cancelaciones de citas que afectan incluso a docentes obligados a desplazarse desde la región del Pacífico; en Riosucio, Caldas, se informó sobre la suspensión del servicio de salud del magisterio y en Putumayo se reportó un paro que se mantenía desde el 21 de octubre.
El Ministerio señaló que la crisis se agravó durante el Gobierno anterior, en el marco de la implementación del modelo de salud para los maestros.
La misma Fiduprevisora señaló que cambió la forma en que se concentra la facturación. Entre mayo y diciembre de 2024, los servicios cobrados por evento y los medicamentos representaban el 70,7 por ciento de las cuentas. Entre enero y julio de 2026, esa proporción llegó al 89,4 por ciento.
En contraste, disminuyó el peso de los pagos por capitación y de los pagos globales prospectivos, modalidades que permiten anticipar el costo de determinados servicios. La participación de la capitación cayó del 21,6 al 7,1 por ciento, mientras que la de los pagos globales prospectivos pasó del 7,7 al 1,9 por ciento.
El cambio hizo más importante la capacidad de revisar las facturas, controlar los gastos y calcular cuánto dinero se necesita para sostener la atención. Las cuentas de medicamentos ilustran esa presión. Por ejemplo, el promedio mensual pasó de 36.700 millones de pesos en 2024 a 78.000 millones en 2025 y 100.500 millones en 2026.
A esto se sumó un rezago de 891.766 millones de pesos de cuentas por servicios prestados durante 2024 y 2025 que fueron radicadas en los primeros cuatro meses de 2026. Estas cuentas nunca se pagaron porque, como lo reconoció el mismo Fomag, no había dinero para pagar esos cobros. La Fiduprevisora sostiene que, al descontar ese rezago, el costo propio de la atención en 2026 podría ser inferior al de 2025.
¿Salvavidas?
Una de las decisiones más delicadas que ha tenido que tomar el Gobierno de De La Espriella fue el traslado de 859.000 millones de pesos del rubro de pensiones al de salud. La medida aprobada el 2 de octubre elevó el presupuesto de salud de aproximadamente 3,7 billones a 4,6 billones y buscó evitar una parálisis inmediata de la atención.
Pese a que ese movimiento entre las cajas de las carteras podría alivianar la presión sobre el sistema de salud de los maestros, lo cierto es que, a largo plazo, eso se podría convertir en una carga muy pesada para el Presupuesto General de la Nación que, según las estimaciones de la senadora Claudia Margarita Zuleta, apalanca más del 70 por ciento del fondo pensional del magisterio.
Ahora bien, como si ya no faltaran los problemas, la semana pasada la Procuraduría advirtió sobre el vencimiento del contrato fiduciario que administra los recursos del Fomag, previsto para hoy 31 de octubre, y pidió informar cómo se garantizará la continuidad de la administración a partir de noviembre. La crisis, por tanto, no solo afecta la prestación de servicios, también pone bajo presión la gestión financiera y administrativa del Fondo.
Reclamos de todos lados
Las consecuencias de los problemas del sistema aparecen en los registros oficiales. En Antioquia se reportó el traslado de 3.456 pacientes con cáncer hacia nuevos prestadores; en Chocó, otros 223 pacientes oncológicos fueron trasladados a la Clínica Las Américas. También se documentaron 332 pacientes con cáncer afectados por la situación de Icoi en Cauca, Risaralda y Valle del Cauca.
En cuanto a pacientes con VIH, Fiduprevisora registró el traslado de 538 usuarios hacia prestadores en Bogotá y Cali. El cierre de servicios de IPS Llanos afectó a 111 pacientes en Meta y Casanare, mientras que el cierre de servicios de CDI impactó a 2.641 pacientes en La Guajira, Norte de Santander y Cesar.
En Cauca, la situación de Imbanaco afectó a 181 pacientes con cáncer y 78 usuarios de trasplantes. En Huila, la entrega inoportuna de medicamentos por parte de Emcofarm afectó a 1.980 usuarios con epilepsia y trastornos psicosociales o de comportamiento. También se reportaron dificultades para 50 usuarios que esperaban insumos para sus bombas de insulina.
A esas situaciones se suma el volumen de reclamaciones. Hasta julio de 2026, se acumulaban más de 97.000 tutelas, derechos de petición y quejas. La información entregada por la Supersalud al Congreso de la República también reportó cuentas por pagar a prestadores por 2,4 billones de pesos, de las cuales 1,24 billones llevaban más de 180 días en mora.
Las cifras dan cuenta de una inconformidad que va más allá de los trámites. Para una persona con cáncer, VIH o una enfermedad crónica, cambiar de prestador, tener que cambiar de ciudad para recibir tratamientos o no recibir oportunamente un medicamento puede convertirse en un obstáculo serio.
Presión y más presión
El manejo de los recursos también quedó bajo escrutinio. Esta semana, la Contraloría General detectó 61 hallazgos de presuntas irregularidades relacionadas con el Fomag y se une a lo que ya había dicho la entidad en septiembre cuando denunció pagos por más de 4,4 billones de pesos, presuntamente, sin los soportes y las evidencias correspondientes.
La reforma dentro del sistema de protecciones del magisterio, como se prometió en la presidencia de Gustavo Petro, debía garantizar que la transición no dejara a los maestros expuestos a problemas de financiación, contratación o acceso a los servicios. Los documentos disponibles de las mismas entidades muestran que esas garantías no se consolidaron.
Lo cierto es que el balance que hoy ofrecen los documentos oficiales es preocupante. Faltan recursos, la contratación ha tenido tropiezos, los organismos de control han formulado alertas y miles de maestros y sus familias han reportado dificultades para acceder a los servicios. El agujero negro que quedó, aunque con medidas de emergencia adoptadas por la nueva administración, se ha apaciguado; sigue siendo una olla a presión que puede estallar en cualquier momento.