Empresas Públicas de Medellín (EPM) asumió en 2020 el reto de suministrar energía eléctrica a Córdoba, Bolívar, Sucre y Cesar a través de Afinia con el anhelo de que sería un buen negocio para los antioqueños. Seis años después, los números se mantienen en rojo y el riesgo de un apagón para 1,8 millones de usuarios podría ocurrir en cuestión de días.
Aunque EPM ha invertido más de 3,6 billones de pesos para mejorar el servicio, la respuesta de los clientes no ha sido proporcional por cuenta de la pérdida de energía, el fraude, las conexiones no autorizadas, las millonarias deudas del sector público y el déficit que aumenta con las horas.
La situación es crítica. Afinia necesita para operar mensualmente más de 600.000 millones de pesos y solo recupera 450.000 millones de pesos. Es decir, pierde cada mes 150.000 millones de pesos que son asumidos por la compañía paisa.
En palabras de EPM, Afinia recupera, aproximadamente, 57 pesos por cada 100 pesos de energía comprada para atender su mercado.
Este escenario ha restringido la capacidad de la empresa para responder oportunamente a las obligaciones con proveedores, contratistas y demás agentes de la cadena eléctrica.
Del 100 por ciento de la facturación que se emitió hasta agosto de 2026, así respondieron los usuarios con sus pagos al discriminarlos por regiones: Cesar (62 por ciento), Córdoba (77 por ciento), Sucre (83 por ciento) y Bolívar (84 por ciento). La cultura de pago es uno de los problemas identificados.
Al clasificar los números por estratos socioeconómicos, se tiene el siguiente panorama de recaudo: estrato 1 (60 por ciento), estrato 2 (78 por ciento), estrato 3 (80 por ciento) y otros (98 por ciento).
El incumplimiento de las obligaciones no se limita a los particulares. SEMANA accedió a la lista completa de las entidades del Estado que se han negado a girarle los recursos a Afinia por los servicios prestados, pese a que la plata está asegurada en los presupuestos. Solo en este aspecto, los saldos negativos representan 420.000 millones de pesos.
La Empresa Intermunicipal de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto y Alcantarillado S. A. E. S. P., que opera en el norte de Bolívar, debe 14.780 millones de pesos; la Empresa de Servicios Públicos de El Paso E. S. P., de ese municipio del Cesar, tiene pendientes por 13.811 millones de pesos; el municipio de Ariguaní, en Magdalena, adeuda 12.000 millones de pesos; mientras que Empobosconia, que presta servicios públicos en Bosconia, Cesar, no ha cancelado 11.782 millones de pesos.
Si se amplía la lupa sobre los morosos, estos son los sectores que más arrastran deudas con Afinia: acueductos (179.288 millones de pesos), alumbrado público (25.483 millones de pesos), asistencia (1.654 millones de pesos), centros educativos (67.285 millones de pesos), centros penitenciarios (121 millones de pesos), hospitales (98.212 millones de pesos), seguridad (2.279 millones de pesos) y entidades nacionales (8.673 millones de pesos).
John Maya, gerente general de EPM, indicó que estas cifras deben tomarse con seriedad: “Las dificultades que hoy enfrentamos no se pueden ignorar ni minimizar. Por eso hemos optado por hablar con transparencia, asumir nuestras responsabilidades y seguir tomando las decisiones que estén a nuestro alcance para proteger el servicio. Lo más importante es evitar que esta situación termine afectando a los usuarios y a las comunidades. Ha llegado el momento de que las soluciones también se construyan de manera colectiva, con el compromiso de todos los actores llamados a garantizar la sostenibilidad del servicio de energía en la región Caribe”.
La mayor preocupación es la cultura de pago. Las personas no cumplen con las facturas y se han inclinado por el contrabando, un servicio que ofrecen expertos en sistemas eléctricos para burlar la infraestructura de Afinia y tomar la energía gratis, sin ser registrada en los contadores.
Cuando las brigadas de la compañía se han atrevido a desmontar esos modelos ilícitos, la respuesta de la comunidad ha sido la violencia. Entre 2020 y 2026, se han reportado 1.489 incidentes, de la siguiente manera: Bolívar (703 casos), Córdoba (341 casos), Cesar (338 casos) y Sucre (107 casos).
“La peor decisión”
Para Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, la peor decisión que la compañía ha podido tomar a lo largo de su historia fue entrar al negocio de la energía en el Caribe colombiano.
“Esto es una herencia del robo que le hicieron a Medellín. Afinia es parte del robo. La peor decisión que ha tomado EPM en su historia la tomó durante el gobierno de Quintero, la de entrar en el negocio de la costa. Negocio que hoy le representa pérdidas a EPM por 1,5 billones de pesos anuales”, dijo el mandatario.
Para él, la solución debe ser conjunta y señaló que el presidente Abelardo De La Espriella lo tiene claro.
Gutiérrez reveló que Afinia enfrentó una crisis que tenía como corte el 7 de octubre, como desabastecimiento, pero que se ha podido ir aplazando: “Hay que evitar un apagón. Si usted empieza a apagar la costa, también se le apaga todo el país. Se cae la primera ficha y van las otras detrás”.
Aunque el Gobierno nacional ofreció un préstamo de 800.000 millones de pesos para asumir las prioridades, EPM y Afinia tienen sobre la mesa propuestas estructurales.
En primer lugar, se contempla eliminar los sectores subnormales, aquellas zonas vulnerables de la costa donde las empresas de energía instalan un único medidor general para calcular el consumo y reciben subsidios especiales. En esa zona del país, se trata de 2.000 barrios y 170.000 familias. En estos sectores solo se logra el 5 por ciento del recaudo sobre el valor facturado cada mes, cerca de 35.000 millones de pesos.
La otra opción es masificar el método de prepago. Es decir, les permite a los usuarios comprar y consumir electricidad de forma anticipada, en lugar de recibir una factura mensual vencida. Es un sistema similar al de las recargas de telefonía móvil celular.
Otros planes incluyen facilitar la inversión extranjera en las zonas donde opera Afinia, mejorar el relacionamiento con las comunidades para que sean conscientes de la corresponsabilidad y endurecer las sanciones contra las personas que no pagan, instalan redes ilícitas y fomentan el contrabando.
Mientras se discuten estas opciones, EPM ya tomó las primeras decisiones y se inclinó por dividir Afinia en Cesar con la creación de Energía Atenea S. A. S. E. S. P. Ese sector se configuró como el más complejo para la compañía antioqueña.
“El Grupo EPM logró separar una zona con desafíos particulares y avanzar hacia una gestión más especializada de esos territorios. Esta decisión le permitirá a Afinia concentrar sus esfuerzos financieros, comerciales y operativos en los mercados de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, optimizar la asignación de recursos y reducir la presión que ejercían sobre la operación los indicadores más críticos del mercado transferido a Atenea”, dijo Empresas Públicas de Medellín.
Por ahora, EPM optó por no invertir más dinero en Afinia por el alto volumen de pérdidas. Si no se estabiliza el recaudo, la empresa no tendría la capacidad de asumir su operación y se generaría el apagón, que afectaría a más de 7 millones de colombianos. El presidente Abelardo De La Espriella y sus ministros buscan una solución para evitar la crisis.