Los resultados de una auditoría forense, agrupados en 143 páginas, revelan la supuesta estructura de corrupción e irregularidades que se tomó a Afinia, filial de Empresas Públicas de Medellín (EPM) que suministra energía eléctrica a cuatro departamentos, durante la administración de Daniel Quintero (2020-2023). SEMANA accedió al documento confidencial que incluye archivos oficiales de la compañía y correos electrónicos que están en poder de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
El estudio fue realizado por Control Risks, una firma inglesa especializada en evaluaciones de riesgo.
La conclusión del informe encendió las alarmas: “Los hallazgos implican afectaciones financieras, legales, operacionales, reputacionales y éticas para EPM. Se identificó evidencia que vincula varios de los hallazgos con decisiones y acciones del anterior gerente general de Afinia, Javier Lastra (2021-2023), y de algunos de sus asesores cercanos”.
Lastra, según dos testimonios que están bajo la lupa de la Fiscalía, habría llegado a ese cargo después de una supuesta transacción de 8 millones de dólares entre personas cercanas a Daniel Quintero y William Ortega, excongresista de Cambio Radical. El objetivo, aparentemente, habría sido tomar el control de la contratación para sacar provechos personales. Quintero y Lastra han negado estas acusaciones en diferentes manifestaciones públicas.
Los hallazgos están relacionados con posibles favorecimientos a terceros, omisión de conflictos de interés y deficiencias en la gestión financiera en contratos que suman 723.000 millones de pesos, denunciados por EPM ante los órganos de control.
¿Saqueo?
En primer lugar, se contó que Afinia lanzó una solicitud pública de ofertas en 2022 y presentó una serie de modificaciones injustificadas, aparentemente, para beneficiar a proveedores específicos.
El objeto del millonario contrato fue el siguiente: “Servicio integral de las actividades que ejecutan los procesos de mantenimiento MT-BT, operaciones domiciliarias, servicio al cliente, operativa móvil, mercados especiales y provisión de servicio”.
Ese proceso de escogencia se desarrolló en varias fases. En ese periodo, se tomaron decisiones que hoy se cuestionan: “La auditoría verificó que tres oferentes, que habían sido desclasificados en la fase inicial por no cumplir ciertos requisitos, fueron calificados de manera favorable en la segunda fase, a pesar de que no se realizaron modificaciones relevantes en los criterios de evaluación ni en las propuestas presentadas”.
No solo eso. Control Risks identificó que entre los ganadores de ambas fases se encontraban cinco empresas que recibieron contratos por un total de 460.000 millones de pesos.
Para la auditoría, estas compañías representaban riesgos reputacionales y de corrupción para Afinia, algunos de los cuales eran conocidos por directivos y asesores, quienes decidieron continuar con la contratación a pesar de ello.
Cambios de última hora
La empresa inglesa también detectó una secuencia de solicitudes públicas de ofertas en agosto de 2022 que tuvieron modificaciones injustificadas en la fase final de la recepción de ofertas, aparentemente, para beneficiar a proveedores específicos. El proceso se llevó a cabo en dos momentos, separados por un día hábil el uno del otro, entre los cuales se modificaron los criterios de evaluación de oferentes.
El plan fue el siguiente, y se valoró por 330.000 millones de pesos: “Ejecución de actividades de construcción, remodelación de redes del sistema de distribución de energía eléctrica y actividades complementarias”.
Una de las anotaciones que causó preocupación en EPM es que entre los ganadores de la segunda solicitud pública se encontraron dos firmas que recibieron contratos por 127.000 millones de pesos, y que no presentaron oferta en la primera oportunidad: “Estas dos empresas acarreaban riesgos de corrupción, reputacionales y financieros conocidos por directivos y asesores de Afinia, quienes, a pesar de ello, decidieron seguir adelante con la contratación”.
En la revisión de múltiples cadenas de correos electrónicos, la auditoría probó cómo funcionarios se opusieron a las modificaciones de última hora, y la gerencia, posiblemente, no acató las recomendaciones.
Otros hallazgos
Control Risks describió que se realizaron pagos a contratos, al parecer, sin la terminación de obras de servicio de montaje electromecánico en algunas subestaciones y que se entregó dinero sin supervisiones.
La auditoría también encontró que en el periodo en el que Javier Lastra se desempeñó como gerente general de Afinia estuvo acompañado de al menos 16 asesores que participaron de forma continua en la toma de decisiones de los procesos de contratación. En esas personas también se hallaron conflictos de interés relacionados, conexiones de interés de los sujetos y patrones de participación en procesos con varias irregularidades.
Lastra, en comunicación con SEMANA, respondió frente a los señalamientos: “Toda la contratación en Afinia se hacía de manera corporativa, conforme a los reglamentos de contratación homologados con EPM con empresas idóneas, que después de mi retiro la mayoría de ellas permanecen vinculadas a la compañía”.
Daniel Quintero no atendió la solicitud de información.
Al cierre de esta edición, se conocieron los resultados de una auditoría que practicó la Contraloría Distrital de Medellín, que estableció un hallazgo con presunta incidencia fiscal por 739.562 millones de pesos en la adquisición de Afinia por parte de EPM durante la administración de Daniel Quintero.
“El sustento de la presunta incidencia fiscal por 739.562 millones de pesos corresponde a los flujos que EPM como accionista dejó de percibir, y que estaban representados por los dividendos a que se comprometió el vendedor en el caso de negocio”, se lee en un comunicado de la Contraloría.
De confirmarse esta decisión, deberían responder los integrantes de la Junta Directiva de EPM que avalaron la adquisición de Afinia: “Daniel Quintero, Guillermo León Diosa, Gildardo Antonio Correa, Olmer Orlando Palacio, Bernardita Pérez, Jorge Andrés Carrillo, Omar Flórez, Jorge Iván Palacio y Pablo Felipe Robledo”.