“Había tres programas que tenían 1.407 personas y, cuando nosotros expedimos la circular 006, empezaron a presionarnos para que firmáramos rápidamente las adiciones y nos dimos cuenta de que los programas ya se habían acabado. Entonces, ¿para qué 1.407 personas en programas que ya no existen?”. Con esas palabras, la directora del ICBF, Carolina Restrepo, denunció ante la Comisión Séptima del Senado las irregularidades en la contratación que encontró en el instituto a su llegada.
En efecto, la contratación por prestación de servicios del ICBF aumentó 52,4 por ciento entre 2022 y 2024, durante el gobierno de Gustavo Petro. El número de contratos de profesionales y personal de apoyo a la gestión pasó de 6.427 a 9.795, una expansión de 3.368 que hoy está bajo cuestionamiento por parte de la nueva dirección de la entidad. Las cifras fueron entregadas por el mismo instituto.
El crecimiento forma parte de una tendencia más amplia en la contratación estatal durante los cuatro años del Gobierno anterior. Según las cifras divulgadas por la directora del ICBF, los contratos de prestación de servicios del conjunto del Estado pasaron de 221.201 entre agosto de 2022 y junio de 2025 a 418.805. El valor asociado a esos contratos también habría aumentado, de 8 a 15 billones de pesos.
La denuncia que llegó al Congreso pone bajo la lupa las decisiones contractuales de la administración anterior. Si los programas habían concluido, ¿por qué se buscaba prolongar los contratos? ¿Y quiénes estaban presionando a la directora para asegurar las adiciones con las que buscaban dejar atornillados a esos funcionarios, entre ellos 200 madres gestantes?.
La respuesta que el ICBF entregó a un derecho de petición dirigido por el representante Mauricio Toro permite identificar los tres servicios a los que se refiere la controversia. La entidad reportó 890 contratos para Somos Familia, Somos Comunidad, 65 para Tejiendo Caminos sin Fronteras y 452 para Presencia para la Convivencia y el Fortalecimiento de Vínculos Familiares y Comunitarios. La suma corresponde a los 1.407 casos mencionados por Restrepo.
La discusión está en las fechas y en la necesidad de mantener esa estructura contractual. En su respuesta, el instituto indicó que Somos Familia, Somos Comunidad tuvo un periodo de ejecución entre el 30 de diciembre de 2025 y el 31 de julio de 2026, mientras que Tejiendo Caminos sin Fronteras se ejecutó entre el primero de febrero y el 22 de agosto de 2026. Para el tercer servicio, la entidad reportó ejecución hasta el 30 de noviembre de 2026.
Pese a que el documento oficial sostiene que los servicios tenían periodos de ejecución definidos y que dos terminaron al cumplirse el plazo previsto, mientras que el tercero continúa vigente, también se aclara en el mismo texto que no existió una auditoría, acto administrativo o diagnóstico específico que revisara a profundidad el desarrollo transparente de dichos contratos.
La falta de ese examen específico suscita una pregunta de fondo sobre el control de los recursos durante la administración anterior: ¿con qué soporte se decidió mantener o ampliar las vinculaciones y cómo se verificó que el gasto cumpliera su propósito?.
Restrepo anunció ante el Senado que revisaría “contrato por contrato, funcionario por funcionario, operador por operador”. También advirtió que, si encontraba elementos que lo ameritaran, remitiría los casos a la Fiscalía General de la Nación. La funcionaria planteó así una revisión que, de arrojar resultados, deberá permitir establecer si hubo incumplimientos o actuaciones que comprometan responsabilidades a exfuncionarios y contratistas.
El cuestionamiento al gasto
Entre los reportes públicos sobre los hallazgos en el ICBF, la directora ha venido ampliando sus críticas al manejo de los recursos y a la estructura que encontró en la entidad. Restrepo afirmó que había funcionarios y operadores vinculados a los programas que no tenían un propósito claro y señaló que, como asesores de la Dirección General, encontró dos personas dedicadas a labores de narrativa, además de un músico y un muralista.
Su crítica fue más allá de esos contratos. “El tema no es falta de recursos, el tema es que se están feriando la plata”, sostuvo. En la misma intervención en el Senado, cuestionó los recursos destinados a La Guajira y aseguró que durante los últimos cuatro años se habían girado 3 billones de pesos al departamento. “¿Dónde están?”, preguntó.
Los señalamientos apuntan a la necesidad de examinar no solo el volumen de la contratación, sino también la pertinencia del gasto y los resultados obtenidos. Para la administración de Restrepo, el número de contratos no acredita por sí solo que todos fueran innecesarios; sin embargo, la magnitud del aumento en las contrataciones y las denuncias hechas durante el nuevo Gobierno sí hacen indispensable conocer qué servicios se contrataron, quiénes los ejecutaron y qué recibió el Estado a cambio. Esa es justamente la base de la reforma interna que vive por estos días el instituto.
Otro frente de batalla
Las actuaciones que están bajo la lupa no acaban con los nombrados 1.407 contratos. Esta semana, la Procuraduría abrió un proceso contra Adriana Velásquez Lasprilla, ex subdirectora general del ICBF, y María Mónica Martínez Martínez, exdirectora de Primera Infancia, para establecer si hubo irregularidades en la planeación, estructuración y ejecución de un proceso contractual de 2024 destinado a prestar servicios de educación inicial.
También se pretende determinar si se comprometió el cumplimiento de las obligaciones o falló la supervisión. El contrato pertenecía a un esquema nacional que pretendía atender a cerca de 1,67 millones de niños. La investigación apenas comienza, pero somete a escrutinio decisiones tomadas en una de las áreas más sensibles del instituto durante la administración Petro.