El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) emitió un pronunciamiento institucional en el que rechazó las presuntas presiones, amenazas e intimidaciones atribuidas al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
De acuerdo con la entidad pública, la organización étnica exige prorrogar los contratos de aporte bajo las condiciones vigentes hasta el 31 de octubre, absteniéndose de someterse al marco jurídico ordinario que rige la contratación del Estado. El ICBF rechazó las exigencias del CRIC para suscribir contratos de atención por fuera de la ley.
La controversia pone en riesgo la continuidad de los programas sociales orientados a la primera infancia y la adolescencia en el departamento del Cauca, debido a la advertencia de la organización indígena de cesar las actividades asistenciales en los territorios.
La entidad del Gobierno nacional enfatizó que la administración actual exige la celebración de nuevos acuerdos contractuales bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento legal y la transparencia en la asignación de los fondos públicos. El ICBF advirtió que las exigencias del CRIC amenazan con dejar sin atención a más de 9.600 niños y adolescentes.
Legalidad contractual e interés superior de la niñez
Frente a las advertencias de suspensión de las operaciones en los centros comunitarios, el organismo rector de la niñez manifestó que las decisiones del sector público no pueden ser impuestas mediante mecanismos de coerción ni acordarse al margen de las disposiciones vigentes.
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— Bienestar Familiar | ICBF (@ICBFColombia) October 27, 2026
La dirección del instituto aseveró que los recursos asignados a la protección social de los menores deben gestionarse con integridad, garantizando que los operadores cumplan los requisitos técnicos y administrativos exigidos por la normatividad colombiana. La entidad ratificó que no otorgará privilegios ni excepciones en los procesos de contratación estatal.
Asimismo, la institución reiteró que mantendrá las puertas abiertas al diálogo y la concertación con las autoridades tradicionales, pero aclaró que las soluciones deben enmarcarse en la ley y responder prioritariamente al interés superior de la infancia.
El ICBF concluyó que la defensa de los derechos de los menores no debe utilizarse como una herramienta de presión política o económica, reafirmando su compromiso con una gestión transparente e igualitaria para todos los actores que prestan servicios al Estado.