Adriana Velásquez Lasprilla, quien fuera subdirectora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y María Mónica Martínez, exdirectora de primera infancia de la misma entidad, será sometidas a investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría General, como ente vigilante del comportamiento de los servidores públicos y del cumplimiento de las funciones públicas en el país.
La entidad del Ministerio Público indaga sobre posibles anomalías en un proceso contractual adelantado en el 2024 para prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia.
Según las informaciones suministradas por la Procuraduría, la vinculación de las exdirectivas del ICBF se produce para establecer la existencia de presuntas irregularidades en las etapas de planeación, estructuración y ejecución del mencionado proceso contractual.
De igual manera, se hace necesario verificar si durante su ejecución se presentaron situaciones que pudieron comprometer el cumplimiento de las obligaciones contractuales o la adecuada supervisión del contrato.
Los contratos en cuestión hacen parte de la contratación masiva a nivel nacional diseñada por el ICBF en 2024 para la prestación de servicios de educación inicial en modalidades integrales, familiares, institucionales y propias e interculturales.
Dicha contratación tenía el objetivo de atender a 1.675.000 niños y niñas de la primera infancia en todo el país, garantizando una cobertura de hasta 210 días de atención en el año. No obstante, la estructuración y ejecución fue cuestionada por presuntos problemas operativos.
Hay que recordar que, durante la gestión de Velásquez y Martínez, se adoptó un nuevo modelo de contratación que se mostraba como el camino para “democratizar y pluralizar” la elección de operadores. Ello, en el entendido en el cual, el gobierno anterior buscaba darle prioridad a las organizaciones de base, como asociaciones de padres, juntas de acción comunal, consejos comunitarios y organizaciones indígenas o campesinas.
El drástico cambio de reglas fue tal que generó un colapso y de ahí empezó la Procuraduría a poner la lupa.
