Este viernes, 30 de octubre, se conoció que el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Medellín ordenó enviar a prisión a Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde Daniel Quintero, quien es investigado por un presunto entramado de corrupción relacionado con millonarios contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.
“Imponer a Miguel Andrés Quintero Calle (...) medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión, de conformidad con el numeral 1.º del literal A del artículo 307 de la Ley 906 de 2004, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”, se lee en el documento.
Los presuntos hechos de corrupción se habrían registrado en seis contratos suscritos entre 2020 y 2021 por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, cuyo valor conjunto ascendió a aproximadamente $18.656 millones.
“Miguel Andrés Quintero Calle, pese a no ostentar cargo, vínculo contractual ni competencia funcional en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, habría ejercido influencia sobre algunos de sus servidores y contratistas, particularmente en asuntos relacionados con nombramientos, remoción de funcionarios y orientación de procesos contractuales”, precisa la providencia judicial conocida por SEMANA.
En el marco de la investigación, se conoció el testimonio de Misael Alberto Cadavid Jaramillo, entonces representante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, quien aseguró que por cada contrato estaban pidiendo hasta un 20 por ciento del valor de los negocios, porcentaje que posteriormente habría disminuido al 15 por ciento.
De igual manera, el juez explicó las razones de la decisión: “La determinación se fundamenta en la inferencia razonable derivada del conjunto articulado de elementos presentado en audiencia, en el peligro futuro para la comunidad reconocido por el juez de primer grado, en la modalidad indirecta e informal de la actuación atribuida”.
Miguel Quintero fue imputado por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación agravado. No aceptó los cargos. En la misma providencia judicial, el juez confirmó las medidas no privativas de la libertad impuestas a Sebastián de Dios Ortega Urán, otro de los investigados por este escándalo.