Durante la sesión plenaria del Senado, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señaló que el gobierno anterior dejó graves déficits fiscales y un margen de maniobra muy limitado para el Presupuesto General de la Nación de 2027: “Cada día encontramos un hueco”.
“Los huecos no son huequitos, son troneras”, afirmó el jefe de la cartera económica durante su intervención. La radiografía de estas “troneras” presupuestales se explica en varias desfinanciaciones heredadas del gobierno de Gustavo Petro: la primera, un requerimiento de $2,7 billones adicionales para cubrir el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag; la segunda, un faltante de cerca de $600.000 millones en el programa Colombia Mayor; y la tercera, presiones financieras no previstas en las pensiones del sistema estatal (las mesadas de noviembre y diciembre) y en la educación superior pública.
Ante estos faltantes, el ministro Gómez advirtió que el espacio para incorporar las adiciones o modificaciones solicitadas por la oposición es prácticamente nulo. El funcionario enfatizó que al Gobierno le corresponde asumir estas obligaciones acumuladas sin poner en riesgo obligaciones esenciales como el pago del servicio de la deuda pública, la salud y los subsidios a los combustibles.
Asimismo, el ministro anunció que el Ejecutivo promoverá una reforma a la Ley Orgánica del Presupuesto de 1996 con el fin de corregir los mecanismos que regulan la programación y ejecución de los recursos del Estado.
En el marco de esta discusión, el Ministerio de Hacienda solicitó al Congreso retirar del texto cuatro proposiciones aprobadas en primer debate por las comisiones económicas conjuntas, las cuales suman $2,75 billones. Estas modificaciones contemplaban $500.000 millones para el Sena, $1,2 billones para el Congreso de la República y $1,05 billones para entes de control, organismos de justicia y el Consejo Nacional Electoral. Gómez advirtió que estas proposiciones fueron incluidas sin el aval escrito del Ejecutivo.
El debate del presupuesto para 2027 en el Congreso avanza a contrarreloj después de que la plenaria de la Cámara de Representantes aplazara la discusión del articulado para el próximo lunes 19 de octubre. El Legislativo tiene como plazo constitucional máximo el 20 de octubre para aprobar el Presupuesto General de la Nación de 2027. De no alcanzarse un acuerdo dentro del término legal, el Ejecutivo podrá expedir el presupuesto mediante decreto.
La ponencia para el segundo debate contempla además una reestructuración de las asignaciones públicas, destacando una reducción de $8,6 billones en el servicio de la deuda y un recorte de $170.000 millones al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.
De igual manera, se faculta al Ministerio de Hacienda a reorientar saldos no ejecutados hacia el Fondo Milagro para atender la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, al tiempo que se establece un programa obligatorio de austeridad para recortar gastos no esenciales en contratos de prestación de servicios, viáticos y publicidad.