SEMANA: ¿Cuáles son las principales amenazas que enfrenta Colombia este domingo?
Alejandra Barrios: En municipios y departamentos está la utilización de recursos ilegales, el tema de la compra de votos, del ofrecimiento de bienes y servicios del Estado para que se vote por determinadas candidaturas y la participación en política de funcionarios públicos. El 34 por ciento de la información, hasta ahora recibida, se referencia a compra de votos y el 26 por ciento a la coacción laboral contractual.
SEMANA: ¿Qué está ocurriendo con algunos contratistas en el país? ¿Hay presiones?
A.B.: Llevar a contratistas o a funcionarios públicos a que se inscriban en determinados puestos de votación para tener un mejor control sobre el sentido del voto. Las amenazas de no renovación del contrato si no llenan unas planillas donde señalan un número de personas que pueden votar por determinada candidatura. Y todos estos factores llevan a que el voto no pueda ser libre.
SEMANA: ¿Cree que le hacen bien al proceso electoral las advertencias del presidente Petro sobre un posible fraude?
A.B.: Es completamente legítimo que cualquier ciudadano, candidato y organización política haga cuestionamientos y sea incisivo en la urgencia de medidas de transparencia y de acceso a la información frente a un proceso electoral. La gobernanza del proceso electoral en Colombia es un sistema que nos hemos dado y que ha funcionado muy bien. Está en cabeza del Ministerio del Interior. Este es el escenario, por excelencia, donde quienes tienen preguntas, diferencias, dudas y recomendaciones se ponen sobre la mesa para que las diferentes autoridades puedan actuar sobre el tema y puedan realizarse planes de trabajo para atender cualquier preocupación existente. ¿Dónde empieza a ser problemático? Que se señale desconfianza desde las mismas autoridades que participan activamente en la gobernanza del proceso electoral, que desde ahí se planteen las dudas. No porque se planteen de forma pública. Hubo muchos temas que podían haberse empezado a atender desde el año pasado y eso, obviamente, lo que genera a los ciudadanos es la sensación de desconfianza. Pareciera que se estuviera improvisando un proceso electoral que lleva un año preparándose.
SEMANA: ¿Cree que el presidente Gustavo Petro está participando irregularmente en política?
A.B.: La Misión de Observación Electoral sobre el tema, de si cree o no cree que el presidente esté participando en política, no se pronuncia. Está la Procuraduría, que ha hecho públicamente unos llamados al Ejecutivo para que sus pronunciamientos y actuaciones se circunscriban al mandato que tienen en materia electoral. Indiscutiblemente, los pronunciamientos de la Presidencia de la República, pero igual de cualquiera de los ministros, tienen un impacto en el proceso electoral. Y ese impacto debe ser medido y los pronunciamientos deben ser responsables.
SEMANA: ¿Es la primera vez que un Gobierno es tan activo en pronunciamientos sobre el proceso electoral?
A.B.: Lo que podemos señalar es que es la primera vez que vemos de manera tan activa, sobre todo en redes sociales, la participación del Ejecutivo, haciendo la siguiente salvedad: es la primera vez en la que más las elecciones han pasado por las redes sociales. Eso lo que nos ha demostrado es que cambió la forma de la gobernanza de las elecciones y de la comunicación política, no solamente en Colombia, también en el mundo.
SEMANA: ¿Cómo está la violencia política en Colombia?
A.B.: Hoy hemos tenido un incremento de la violencia contra los liderazgos políticos. Eso es indiscutible. Ese crecimiento de la violencia contra los liderazgos políticos se ha venido concentrando en algunas regiones del país. Hacer campaña electoral en una región como el Cauca, Arauca, Norte de Santander, Bajo Cauca antioqueño, sur de Bolívar, Montes de María, no es seguro para determinadas organizaciones políticas.
SEMANA: ¿Sufren más los partidos de oposición?
A.B.: Estamos viendo un número de hechos que toca mirarlos con cuidado, de acciones de violencia hacia partidos de la oposición, pero eso no significa que las otras organizaciones políticas no hayan sido objeto también de hechos de violencia. Lo que podemos señalar es que, de acuerdo con la región del país en la que se encuentra, el grupo armado que está en esa región, es más seguro o menos seguro para determinada agrupación política hacer campaña en ese territorio. En Arauca es más difícil y muchísimo menos seguro hacer campaña para el Partido Conservador, Cambio Radical y el Centro Democrático, mientras que para los partidos de centroizquierda, hacia la izquierda, hacer campaña en algunas regiones de Córdoba, de Montes de María, es muchísimo más inseguro.