El país entra en la antesala de las elecciones nacionales de 2026 con un mapa que enciende todas las alarmas. La Misión de Observación Electoral (MOE) presentó el libro Mapas y factores de riesgo electoral: elecciones nacionales 2026, un estudio elaborado por 37 analistas de 17 instituciones que revela un panorama inquietante: 170 municipios presentan algún nivel de riesgo por coincidencia de factores de fraude y violencia, y 81 de ellos están en riesgo extremo. La cifra representa un aumento del 65 por ciento frente a los comicios de 2022.
No se trata de una advertencia menor. El documento identifica focos críticos en subregiones históricamente golpeadas por el conflicto armado y las economías ilegales: Arauca, el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, el Andén Pacífico, el norte del Cauca, el suroriente colombiano (con municipios de Meta, Caquetá y Guaviare) y el medio y bajo Putumayo. En estos territorios confluyen presencia de grupos armados, economías ilícitas, débil institucionalidad y antecedentes de irregularidades electorales.
“Estamos frente a un escenario de riesgo alto que requiere acciones inmediatas del Estado”, aseguró la MOE durante la presentación del informe. La investigación busca alertar tanto a las autoridades como a la ciudadanía para que adopten medidas de prevención y protección que garanticen elecciones libres, transparentes y seguras.
El contexto no podría ser más delicado. El asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay sacudió el panorama político y devolvió al país a una de sus épocas más oscuras. Desde hace décadas no era asesinado un aspirante presidencial en Colombia. Analistas consultados coinciden en que el magnicidio marca un punto de inflexión y evidencia la fragilidad de las garantías democráticas. “Un crimen de esta naturaleza no solo elimina a un candidato; envía un mensaje de intimidación al sistema político completo”, explicó un investigador en seguridad electoral. Otro experto en conflicto armado señaló que “Colombia no vivía un asesinato de candidato presidencial desde los años más cruentos del narcoterrorismo. Que vuelva a ocurrir en 2026 es un indicador de deterioro estructural”.
El asesinato ocurrió en un momento en el que, según cálculos de inteligencia, hay presencia de estructuras armadas y violencia en más de 600 municipios del país. El crecimiento exponencial de grupos ilegales, el fortalecimiento del ELN, la expansión del Clan del Golfo y la consolidación de las disidencias de las Farc configuran un escenario de presión directa sobre el proceso electoral.
Las alertas del informe no son teóricas. La violencia electoral ya tiene nombres y episodios concretos.
La senadora Aída Quilcué reveló detalles de su secuestro en el Cauca. “Decidí que no caminaba más. Les dije: ‘Si me van a matar, me matan aquí’”, relató al describir los momentos de tensión vividos en medio de hombres armados que la retuvieron. El hecho encendió las alarmas sobre la seguridad de los líderes políticos en zonas donde confluyen grupos ilegales.
En el mismo departamento, Lucy Amparo Guzmán, candidata a la Cámara, denunció haber sido retenida; su camioneta fue hurtada y su esquema de seguridad desmantelado. En otro episodio, disidencias de las Farc amenazaron a otro candidato a la Cámara y ordenaron restricciones de movilidad en varios municipios del Cauca, impidiendo actividades proselitistas.
En la costa Caribe, la situación no es menos grave. En Atlántico y Santa Marta, bandas criminales han sido señaladas de decidir quién puede hacer política y bajo qué condiciones. “Son 2 millones o plomo”, denunció una fuente local al describir el mensaje que circula entre aspirantes. En Barranquilla, el candidato Estefanel Gutiérrez resultó herido en un presunto ataque armado. Los testimonios coinciden con un patrón: intimidación, restricciones de movilidad, ataques directos y amenazas que obligan a suspender recorridos. En varias regiones, candidatos han denunciado que no pueden hacer campaña libremente. El miedo vuelve a marcar la agenda electoral.
Radiografía del riesgo
El libro presentado por la MOE cruza variables como presencia de grupos armados, economías ilegales, antecedentes de violencia electoral, debilidad institucional y factores de fraude. El resultado es un mapa que dibuja corredores de alta tensión.
En Arauca, la disputa entre estructuras armadas ilegales y el ELN genera un ambiente de presión permanente. En el nordeste antioqueño y el sur de Bolívar, la minería ilegal y el narcotráfico crean escenarios de cooptación política. En el Andén Pacífico y el norte del Cauca, las amenazas contra candidatos y líderes sociales son recurrentes. En el suroriente (Meta, Caquetá, Guaviare y en el medio y bajo Putumayo), la expansión de disidencias y economías ilícitas incrementa la vulnerabilidad del proceso electoral.
“El aumento del 65 por ciento en municipios en riesgo extremo frente a 2022 es una señal de alerta que no puede minimizarse”, sostuvo uno de los analistas que participó en la investigación. “Estamos viendo una recomposición territorial de actores armados que buscan incidir en la política local y nacional”.
Un reto mayúsculo
El desafío para las autoridades es monumental. La combinación de violencia directa, amenazas, control territorial y posibles fraudes configura un escenario complejo. La MOE insiste en que se requieren planes de seguridad focalizados, refuerzo institucional y garantías reales para candidatos y votantes.
Expertos en seguridad electoral coinciden en que el asesinato de Miguel Uribe Turbay no puede verse como un hecho aislado. “Es la expresión más extrema de un fenómeno que viene escalando: la captura violenta de la política”, afirmó un académico consultado. Otro analista añadió que, “cuando los grupos armados se fortalecen y el Estado pierde control territorial, la democracia se convierte en un campo de disputa”. El fortalecimiento del ELN, la expansión del Clan del Golfo y la consolidación de disidencias de las Farc no solo representan un problema de orden público, sino una amenaza directa a la competencia electoral. Según fuentes de inteligencia, la presencia de violencia en más de 600 municipios implica que casi la mitad del país enfrenta algún tipo de presión armada.
La advertencia final
La MOE subraya que el objetivo del informe no es generar alarma, sino promover acciones preventivas. Sin embargo, los datos hablan por sí solos: 81 municipios en riesgo extremo, 170 con algún nivel de amenaza y un aumento sustancial frente al proceso anterior. Con un candidato presidencial asesinado, aspirantes amenazados y zonas enteras bajo presión armada, el proceso electoral de 2026 no solo será una contienda política, sino una prueba crítica para la democracia colombiana. El desafío ya no es hipotético: está documentado, territorializado y en marcha. Las decisiones que se adopten en los próximos días determinarán si el país logra blindar las urnas o si la violencia vuelve a marcar el rumbo de la política.