El Ministerio de Justicia expidió a nombre del Gobierno nacional un decreto que establece que a partir de ahora las tutelas en contra del presidente de la República serán evaluadas en primera instancia por el Consejo de Estado.
Según el documento, se modifica el numeral 2 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015 en el que establece que, salvo excepciones contempladas en ese numeral, “las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden nacional, y las dirigidas contra actuaciones administrativas, políticas, programas o estrategias del Gobierno nacional relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia a los jueces del circuito o con igual categoría”.
Y se especifica que esto integra las tutelas que se impongan en contra del presidente de la República, en ejercicio de sus funciones.
Igualmente, para el caso de tutelas en las que se atribuyan al presidente actuaciones u omisiones en ejercicio de sus funciones y cuando haya tutelas dirigidas a acciones u omisiones de una o más autoridades públicas o particulares, también llegarán al Consejo de Estado.
Hasta el momento ya se han presentado algunas tutelas en contra del mandatario en menos de tres meses de mandato. Una fue radicada por los videos en los que se veía caminando al presidente Abelardo De La Espriella luego de dar de baja a varios criminales; una imagen que fue aplaudida por quienes respaldan al mandatario porque, dicen, se trata de una muestra clara de su combate frontal a la criminalidad, mientras que desde la oposición cuestionaron la falta de humanidad con los delincuentes y sus familias.
Finalmente, el Gobierno de De La Espriella ganó ese pulso y podrá seguir publicando imágenes con los delincuentes dados de baja en bolsas.
Asimismo, este recurso ha sido utilizado por los mismos criminales para presionar al Gobierno, como sucedió con Fredy Castillo Carrillo, alias Pinocho, jefe de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y su hermano, quienes presentaron este recurso en contra del mandatario reclamando que, supuestamente, se le vulneró el derecho al debido proceso, la defensa, la buena fe, la confianza legítima, la seguridad jurídica, la libertad personal, la igualdad, el acceso efectivo a la administración de justicia y la paz.
La Sección Tercera del Consejo de Estado determinó que no contaba con las facultades para evaluar la tutela y para tomar una decisión de fondo, por lo que remitió el recurso a los juzgados de Bogotá. Días antes alias Pinocho había dicho en entrevista con Salud Hernández-Mora que estaba dispuesto a someterse a la justicia.