El Juzgado Primero Civil del Circuito de Cúcuta admitió para estudio una tutela con la que Fredy Orlando Quintero Mogollón, exsubdirector de la Unidad para las Víctimas, busca regresar a la entidad después de ser declarado insubsistente por el gobierno de Gustavo Petro. El hombre está siendo investigado por la justicia por presuntos nexos con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Norte de Santander.
Quintero Mogollón argumentó la supuesta vulneración de sus derechos con la estabilidad reforzada, una garantía legal que protege a un trabajador contra el despido sin una justa causa cuando se encuentra en una situación de vulnerabilidad.
Quintero Mogollón salió del cargo el 17 de julio de 2026 por orden de la administración Petro, luego de las graves denuncias reveladas por SEMANA sobre supuestos hechos de corrupción y el fortín de contratación que construyó el senador Gustavo Moreno en la Unidad para las Víctimas. Esto como un aparente regalo que le dio el gobierno de izquierda por los votos a favor de las reformas y los proyectos claves del Ejecutivo.
El exsubdirector generó controversia entre la opinión pública porque, si bien es investigado por la presunta relación con el grupo criminal, estaba en un puesto estratégico para proteger a las víctimas del conflicto armado, por lo que su designación resultó paradójica.
SEMANA constató que el proceso penal se adelanta contra Quintero Mogollón por los presuntos delitos de rebelión agravada y financiación del terrorismo, por hechos ocurridos en 2019, según el reporte de la Fiscalía General de la Nación. El expediente lo lleva la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales y está en etapa de juicio.
Quintero Mogollón fue alcalde de Chitagá, Norte de Santander, y la hipótesis de la investigación es que, presuntamente, era parte de las redes de apoyo al terrorismo del Frente Efraín Pabón Pabón del ELN.
“El material probatorio da cuenta de que el exmandatario habría financiado a ese grupo armado durante el período en el que ejerció el cargo (2016-2019) y, supuestamente, auspició la comisión de actos delincuenciales, como cobro de extorsiones, secuestros y ataques contra la Fuerza Pública, la población civil y la infraestructura en Pamplona, Toledo, Labateca, Chitagá y Silos (Norte de Santander), y varios municipios de los departamentos de Santander, Arauca y Boyacá”, detalló la Fiscalía en un comunicado de prensa.
Frente a la tutela que interpuso Fredy Orlando Quintero Mogollón, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Cúcuta avaló la medida provisional solicitada por el exfuncionario: “Ordenar a la Dirección General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas que, en forma inmediata, proceda a suspender los efectos de la resolución hasta que se resuelva de fondo la presente acción constitucional”. Es decir, que se frene el despido y sea reintegrado.
SEMANA conoció que la decisión del Juzgado fue impugnada y el alcance se definirá en una segunda instancia.