La Contraloría General de la República adelantó una auditoría a la Unidad para las Víctimas sobre la vigencia de 2025 e hizo varios hallazgos que demuestran irregularidades.
La entidad encontró deficiencias en la calidad y confiabilidad de los registros contables, entre ellas, una falta de reconocimiento de recursos entregados por la Dian en calidad de donaciones.
Según explicaron desde la Contraloría, hay tres hallazgos por 33.009 millones de pesos derivados de la ausencia de soportes que acrediten la entrega de bienes a los beneficiarios finales, así como la falta de ubicación física de las mercancías y la omisión en los registros contables de la institución. Para la entidad de control, esto significa un “daño cierto de pérdida y un detrimento al patrimonio público”.
“Como resultado del proceso auditor se establecieron 23 hallazgos administrativos, 18 con presunta incidencia disciplinaria, 1 con incidencia fiscal por 33.009.669.360 pesos, 1 para apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio, 1 con Otra Incidencia, para traslado a la DIAN y 2 para solicitud de apertura de Indagación Preliminar”, expresaron desde la Contraloría.
Otro de los hallazgos tiene que ver con una aprobación total de recursos vigente para 2025, que fue de 4.436.480.318.562 pesos, aunque los compromisos de la entidad ascendieron ese año a 4.341.502.333.045 pesos, lo que equivale al 97,85 % del total del gasto. En el caso de las obligaciones, alcanzaron los 2.234.527.164.750 pesos, correspondientes al 50,36 % del total.
“Como resultado del análisis y evaluación de la ejecución presupuestal, se identificó una baja ejecución de los recursos apropiados, la cual alcanzó aproximadamente el 50 % del presupuesto asignado para la vigencia, generando rezagos de aproximadamente 2 billones de pesos”, alertaron desde la Contraloría tras los hallazgos.
Asimismo, dijeron que, a pesar de las gestiones adelantadas por la entidad para impulsar la ejecución y los compromisos que tenían para ese año, esas acciones no fueron suficientes para materializar la ejecución presupuestal de acuerdo a las necesidades institucionales y los objetivos que tenía la entidad para 2025.