En medio de debates sobre una posible reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) varios actores que tuvieron relación con la firma del Acuerdo de Paz de 2026 presentaron sus quejas sobre esa instancia ante el Congreso de la República.
El firmante de paz Diego Tovar aseguró que la JEP está desnaturalizando lo pactado y cuestionó que ocho de los once macrocasos de la jurisdicción tengan que ver de manera directa con los firmantes de la paz. Según él, “cada macrocaso se ha convertido en una mini-JEP”.
Esa queja fue plasmada en medio de una sesión de la Comisión Primera del Senado, que fue convocada para analizar cómo va el cierre jurídico del conflicto armado en Colombia.
La sesión se dio en un contexto en el que hay candidatos a la Presidencia que han puesto en duda la continuidad de la JEP, al menos de un sistema como el que se tiene en la actualidad.
En esa misma instancia, el mayor general de la reserva del Ejército, Emilio Torres, quien ejerció como comandante de la Cuarta División, sostuvo que la justicia transicional sí fue bien diseñada, pero reclamó que “a los mismos magistrados se les salió de las manos, por la cantidad de procesos que se han abierto”.
Desde el Sistema Autónomo de Asesoría y Defensa (SAAD) para los Firmantes de Paz en Colombia, Rosario Morantes cuestionó que las mujeres que estuvieron alzadas en armas no han sido escuchadas por la jurisdicción y, en cambio, son más las opiniones de los hombres las que se han tenido en cuenta para analizar la guerra.
Felipe González Giraldo, representante de exmiembros de la Fuerza Pública, consideró que “quienes firmaron el acuerdo fueron los integrantes de las Farc y a quienes persiguen es a los mismos soldados”.
El coordinador de la defensa de los firmantes del Acuerdo de Paz, Camilo Fagua, cuestionó que algunos funcionarios de la JEP han “desdibujado” los principios bajo los que se creó la jurisdicción. “El problema no está en los comparecientes, sino en la manera como han adecuado las demandas del sistema”, expresó Fagua.
La senadora Sandra Ramírez también aprovechó esa instancia para expresar que ha sido “estigmatizada” por un sector de la sociedad. “Los mensajes de la JEP han generado una estigmatización que han recaído sobre la única mujer que asumió esta responsabilidad de ser Senadora de la República”, comentó la congresista.
La JEP se trazó como un tribunal de paz con vigencia hasta 2033. Sin embargo, la ley permite que ese periodo se extienda por cinco años más para que se culminen los procesos en torno a la verdad y la reparación en el marco del conflicto armado.