No habían pasado ni 48 horas desde que el presidente Gustavo Petro anunció el 31 de diciembre un cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central (Farc) y las Autodefensas de la Sierra Nevada, cuando se presentó la primera violación a lo pactado.
Hombres armados del frente Iván Ríos, de la Segunda Marquetalia, al mando de Iván Márquez, asesinaron al líder social indígena José Taicus Pascal, de apenas 16 años, quien se encontraba celebrando el Año Nuevo con su familia cerca de Tumaco, Nariño.
Este hecho le dejó claro al país, desde el principio, que mientras que el Gobierno se empeña en enviar mensajes de ‘buena voluntad’, como el pedido de levantamiento de órdenes de captura de peligrosos líderes criminales, las organizaciones ilegales han aprovechado estos cinco meses de cese al fuego para recurrir a la violencia: no paran las masacres, sigue el asesinato de líderes sociales y aumentan los atentados. El Gobierno habla de paz total, pero los grupos ilegales están en ‘fuego total’.
Así queda claro con las cifras que ha recopilado el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), según las cuales desde el primero de enero, cuando se inició el cese al fuego, hasta el pasado 30 de abril, se registraron 141 violaciones de parte de estos grupos a lo pactado con el Gobierno. En estos hechos murieron 36 personas.
Lo más llamativo es que las acciones ofensivas de los grupos cubiertos en un principio por el cese al fuego, en lugar de disminuir, aumentaron.
Por ejemplo, el Estado Mayor Central, disidencia al mando de Iván Mordisco, pasó de ejecutar en promedio cada mes ocho acciones ofensivas antes del cese al fuego a 17 ataques mensuales, después de decretada la tregua. Es decir, dobló su accionar ofensivo. Un caso similar ocurrió con el Clan del Golfo, que pasó de 19 ataques, en promedio, cada mes, antes del primero de enero, a 24 acciones ofensivas mensuales después de decretarse el cese al fuego, un aumento del 26 por ciento.
Hoy, de los cuatro grupos con los que inicialmente se pactó el cese al fuego, se ha tenido que suspender la medida con el Estado Mayor Central, luego de que se comprobó que masacró a cuatro niños indígenas en el Putumayo, y con el Clan del Golfo, tras sus ataques en medio del paro minero, en marzo pasado.
Solo permanecen bajo el decreto de cese al fuego la Segunda Marquetalia, de Iván Márquez, y las Autodefensas de la Sierra Nevada, sin embargo, el Gobierno no tiene cómo verificar que estén cumpliendo con la disminución de sus acciones ofensivas. Así lo reconoció la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en un documento enviado al Congreso de la República, y que fue conocido en exclusiva por SEMANA.
Según el documento, el decreto 2660 de 2022, con el que se da piso jurídico al cese al fuego con la Segunda Marquetalia, “se encuentra en vigor a la fecha”; sin embargo, “no se cuenta con mecanismo propio de veeduría, monitoreo y verificación”. Lo mismo ocurre con las Autodefensas de la Sierra Nevada.
La arremetida del ELN
La otra ‘pata’ de la llamada paz total promovida por el presidente Gustavo Petro es el proceso de paz con el ELN, grupo con el que ni siquiera se ha podido pactar un cese al fuego. El grupo guerrillero no solo se ha dedicado a torpedear cualquier acuerdo, sino que ha aprovechado la negociación para aumentar sus acciones. Así lo demuestran las cifras del Cerac, recopiladas por SEMANA, en las que se muestra claramente cómo, desde que se instaló la mesa de diálogo, el ELN ha aumentado sus acciones ofensivas de manera exponencial.
Mientras en noviembre, cuando arrancó la negociación, el grupo guerrillero ejecutó tres acciones ofensivas, esa cifra repuntó a 21 ataques en abril pasado, es decir, un aumento del 600 por ciento.
Prueba de cómo la situación con la llamada paz total se ha venido saliendo de control es que, según cifras de Indepaz, este inicio de 2023 es en el que más masacres han ocurrido en los últimos cuatro años. Entre el primero de enero y el 30 de abril de este año, el país presenció 38 masacres, una más que en este mismo lapso de 2022, cuando se presentaron 37 episodios.
En 2021, la cifra fue de 34 y en 2020 fueron 26 los casos. Es decir, en promedio, en medio del cese al fuego, cada tres días se presenta una masacre en Colombia.
Una situación similar ocurre con el asesinato de líderes sociales. Mientras entre septiembre y diciembre del año pasado se presentaron 51 asesinatos de líderes sociales, esta cifra repuntó a 58 casos entre enero y abril de este año, cuando ya había entrado en vigencia el cese al fuego con los grupos ilegales y había arrancado formalmente la mesa de diálogo con los elenos.
Si bien podría pensarse que este aumento en los ataques contra los líderes sociales podría estar ligado a la delincuencia común, la realidad es que, según un reciente informe de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo “son responsables en conjunto de cerca del 82 por ciento las acciones armadas letales contra líderes y lideresas”.
En medio de este complejo panorama, el Gobierno ha venido disminuyendo sus acciones de erradicación de cultivos ilícitos, principal combustible de estos grupos ilegales. Por lo menos así lo demuestran cifras del Ministerio de Defensa conocidas por SEMANA.
Según el reporte del Gobierno, las cifras de erradicación manual de cultivos ilícitos vienen cayendo en picada. Mientras en marzo de 2022 se erradicaron manualmente 8.095 hectáreas de coca, en el mismo mes de este año la cifra llegó apenas a 2.034, es decir, apenas una cuarta parte. Asimismo, a pesar de que las acciones criminales del Clan del Golfo llevaron al rompimiento del cese al fuego con esa organización, el Gobierno tendría la intención de darle nuevamente la mano a este grupo armado ilegal.
Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el mencionado documento en poder del Congreso, conocido por esta revista, “a pesar del rompimiento del cese al fuego, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz ha mantenido conversaciones con dos facilitadores de este grupo armado”.
De acuerdo con esta oficina, la idea de las conversaciones es “identificar las acciones que permitan avanzar en la recuperación de un espacio de diálogo bajo un cese al fuego bilateral”.
El presidente Petro ve que en pocos meses se empieza a derrumbar la que era hasta ahora su principal bandera de Gobierno. El cese al fuego ha sido aprovechado por los grupos criminales para masacrar, asesinar líderes sociales y pasearse a sus anchas por las calles del país. Convirtieron la ‘paz total’ en ‘fuego total’.