El presidente electo, Abelardo De La Espriella, ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, presentar una solicitud formal ante el procurador general, Gregorio Eljach, para que el Ministerio Público ejerza vigilancia preventiva sobre varios procesos que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP), al considerar que comprometen la seguridad del próximo Gobierno y el manejo de recursos públicos.
La principal preocupación del Gobierno entrante se concentra en el proceso de Selección Abreviada PSA-UNP-054-2026, con un presupuesto superior a los 78.000 millones de pesos, destinado a contratar el servicio de escoltas para las zonas de protección del presidente de la República y de los integrantes del nuevo gabinete ministerial.
Según el comunicado, la adjudicación del contrato está prevista antes del cambio de Gobierno, lo que impediría a la administración que asumirá el próximo 7 de agosto revisar los perfiles, la experiencia y la idoneidad de quienes estarán encargados de la seguridad del jefe de Estado y sus ministros.
Por esa razón, solicitó que la Procuraduría evalúe la conveniencia de recomendar o pedir la suspensión preventiva del proceso mientras el nuevo Ejecutivo analiza la contratación.
La petición también incluye vigilancia preventiva sobre el proceso mediante el cual la UNP prevé proveer más de 5.100 cargos de oficiales de protección en provisionalidad, pese a que cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos.
Adicionalmente, el presidente electo pidió revisar el proceso contractual para la adquisición de 188 botes y 264 motores fuera de borda destinados a 29 municipios de nueve departamentos, con el fin de verificar aspectos relacionados con la planeación, las especificaciones técnicas, el cumplimiento de normas de seguridad y la pluralidad de oferentes.
Finalmente, solicitó vigilancia sobre seis procesos de contratación iniciados en julio para la compra de bienes dirigidos a medidas colectivas de protección para resguardos indígenas.
El Gobierno electo considera necesario establecer si las contrataciones estaban debidamente sustentadas o si podían consolidarse en un solo proceso para garantizar mayor eficiencia y transparencia en el uso de los recursos públicos.