Oficialmente, Angie Rodríguez fue declarada insubsistente en la gerencia del Fondo Adaptación, luego de que el presidente Gustavo Petro solicitara apartarla del cargo por las explosivas declaraciones que ventiló ante la opinión pública en contra de su Gobierno y las advertencias de presunta corrupción.
La decisión la tomó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en un decreto compartido el 31 de julio: “Declárese insubsistente, a partir del día 1 de agosto de 2026, el nombramiento de la señora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, en el cargo de gerente del Fondo Adaptación”.
SEMANA conoció que la defensa de la exfuncionaria presentará una tutela para hacerle frente a la determinación de la administración saliente.
Orden de Petro
La salida de Rodríguez fue ordenada por el presidente Petro, luego de que ella encendiera las alarmas en medios de comunicación sobre presunta corrupción y se acercara al Gobierno De La Espriella.
La interpretación del actual jefe de Estado es que ella, quien fue su mano derecha en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), sería una gran manipuladora que ve la función pública en beneficio propio.
En ese mismo mensaje, él reveló una incapacidad médica de Rodríguez, por lo que recibió múltiples críticas de médicos y sectores políticos.
“Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿tan rápido? Y por tal razón le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo Adaptación por incompetente”, dijo el mandatario en X.
Las declaraciones de Rodríguez
Las palabras que desataron una tormenta en la Casa de Nariño corresponden a las alertas que hizo Angie Rodríguez sobre el destino que tomarían más de un billón de pesos a pocos días de terminar el mandato.
Para ella, se trata de “criterios de oportunidad política” sin sustento técnico; dijo que esos recursos pertenecen a proyectos destinados a la región de La Mojana.
“Los recursos asignados al proyecto no corresponden a disponibilidades presupuestales libres, saldos ociosos, excedentes financieros ni recursos susceptibles de libre reasignación, sino a recursos públicos con destinación específica, jurídicamente comprometidos y vinculados a una secuencia de actuaciones técnicas, presupuestales, contractuales y financieras previamente aprobadas por las autoridades competentes”, se lee en el documento.