Pese a que actualmente se encuentra en incapacidad médica, Angie Rodríguez, desde la gerencia del Fondo Adaptación, encendió las alarmas sobre la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro, de extraer más de un billón de pesos de la entidad, a días del fin de su mandato.
Esto ocurre en el marco del Decreto 0802, expedido el 23 de julio de 2026, en el que se declara la emergencia por el fenómeno de El Niño.
“Todo lo que podamos recoger. El billón de pesos que está en el Fondo Adaptación se traslada por orden presidencial para la emergencia. Era para la selva, no lo gastaron. Están guardados, se trasladan”, dijo.
De esa forma quedó estipulado dentro del decreto: “El señor presidente de la República manifestó públicamente la intención de trasladar recursos del Fondo Adaptación”.
Por estas declaraciones, SEMANA conoció que la gerencia del fondo emitió una alerta a los entes de control y a la Defensoría del Pueblo, en la que aseguró que se trata de “criterios de oportunidad política” sin sustento técnico y que esos recursos pertenecen a proyectos destinados a la región de La Mojana.
El mismo día que se expidió el decreto, el Fondo Adaptación envió un concepto a la Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Contraloría, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.
En el documento, la entidad, liderada por Rodríguez, señaló que el billón al que se refiere el presidente son realmente los recursos comprometidos para La Mojana, por aproximadamente $1,2 billones, que fueron aprobados mediante tres decretos y están programados para ejecución hasta el año 2029.
Y la objeción del fondo radica en que los recursos asignados no están guardados y mucho menos libres para ser gastados en otros propósitos.
“Los recursos asignados al proyecto no corresponden a disponibilidades presupuestales libres, saldos ociosos, excedentes financieros ni recursos susceptibles de libre reasignación, sino a recursos públicos con destinación específica, jurídicamente comprometidos y vinculados a una secuencia de actuaciones técnicas, presupuestales, contractuales y financieras previamente aprobadas por las autoridades competentes”, se lee en el documento.
Y agregó: “La disponibilidad física de los recursos no equivale a la disponibilidad jurídica para modificar su destinación”.
Igualmente, manifestó que el hecho de que existan recursos guardados en la fiducia no implica “concluir que tales recursos carecen de compromisos o puedan ser objeto de traslado”.
“No constituyen recursos de caja, disponibilidades presupuestales libres, excedentes financieros, saldos sin destinación o recursos susceptibles de reasignación automática”, detalló la gerencia.
Sostiene, además, que el proyecto de La Mojana no se encuentra paralizado, sino que cuenta con tres contratos en ejecución con fines de investigación, diseños e interventoría.
Una decisión inconsulta
Según la alerta del Fondo Adaptación, en ningún momento se les consultó y tampoco fueron convocados a mesa técnica, financiera, jurídica o presupuestal.
“No conoce un documento técnico, jurídico, presupuestal o financiero que haya sido puesto en consideración de la entidad y que sustente la viabilidad de una eventual reasignación de los recursos comprometidos para el proyecto, ni un análisis de sus impactos sobre las obligaciones existentes, el patrimonio autónomo, la ejecución contractual o la continuidad de la política pública para la región de La Mojana”, manifiesta el documento.
Y lanzó una dura crítica al Gobierno: “Los servidores públicos no administran recursos conforme a criterios de oportunidad política sino conforme a competencias legales previamente definidas”.
Por esta razón, se niegan a modificar lo establecido para ese billón de pesos desde la entidad.
Incluso, el Fondo Adaptación advirtió sobre las eventuales responsabilidades penales que podrían enfrentar los funcionarios involucrados. Recordó que el Código Penal contempla el prevaricato por acción y por omisión para quienes profieran decisiones contrarias al ordenamiento jurídico o incumplan sus deberes funcionales.
La situación de salud
Dentro del documento, el Fondo Adaptación manifiesta que Rodríguez se encuentra por fuera en incapacidad médica, debido a los ataques y hostigamientos que ha recibido por sus denuncias contra el Gobierno Petro.
“En este contexto, se han puesto en conocimiento de diferentes autoridades competentes hechos que, según las denuncias y actuaciones promovidas por la gerente, podrían constituir manifestaciones de violencia institucional, violencia contra la mujer en política, presuntas actuaciones de hostigamiento y otras conductas que actualmente son objeto de conocimiento por las autoridades competentes”, se lee en el documento.
De esa forma, piden que no se tomen represalias contra ella por las alertas que emite el Fondo Adaptación, que, según indican, es clave para la transición ordenada del poder.
SEMANA conoció que Rodríguez seguirá alertando a las autoridades competentes presuntas irregularidades ad portas de la llegada del nuevo gobierno.