Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, sigue alertando posibles amenazas contra su vida. SEMANA conoció que en los últimos días presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra Miguel Ángel Ospino, exasesor del Fondo Adaptación, por intento de homicidio.
“Por medio del presente escrito acudo a su Despacho para formular denuncia en contra del señor Miguel Ángel Ospino, por la presunta comisión del delito de homicidio en grado de tentativa y aquellos punibles que el ente investigador determine en el marco de sus competencias", se lee en el radicado de la denuncia interpuesta por la funcionaria del Gobierno Petro.
SEMANA conoció que fue por un supuesto intento de envenenamiento con “supuestas vitaminas” y “pastas para el dolor de cabeza”, que habrían sido suministradas por el denunciado.
Ospino entró como auxiliar administrativo al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y luego se convirtió en secretario ejecutivo durante la dirección de Rodríguez. Luego se lo llevó como asesor al Fondo Adaptación, donde ocurrieron los hechos.
En sus denuncias públicas, Rodríguez calificó a Ospino como “un traficante de la información” en el ejercicio de sus funciones.
Además, este medio conoció dos peticiones radicadas el pasado viernes, 29 de mayo, por la gerente del Fondo Adaptación, con el fin de obtener información sobre las medidas aplicadas para la protección de su integridad y para que se le garantice el derecho al trabajo.
Una de ellas fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, solicitando “acompañamiento preventivo y protección de derechos fundamentales”.
“Me permito poner en conocimiento una serie de hechos que considero relevantes para la protección de mis derechos fundamentales a la vida, integridad personal, honra, buen nombre y libertad de expresión”, dice el documento.
La gerente del Fondo Adaptación hizo referencia a la directiva presidencial que establece nuevos lineamientos en materia de vocerías en el Gobierno nacional.
“Dada la cercanía temporal entre mis declaraciones y la expedición de dicha directiva, solicito se evalúe preventivamente si podrían existir riesgos de afectación a mis derechos fundamentales, posibles escenarios de retaliación institucional o limitaciones desproporcionadas al ejercicio de la libertad de expresión y denuncia", manifestó Rodríguez.
De esa forma, solicitó: “Acompañamiento preventivo institucional frente a los hechos denunciados, vigilancia especial sobre posibles actuaciones que puedan afectar mis derechos fundamentales, recomendaciones de protección y preservación de garantías, y verificación de eventuales riesgos para mi seguridad e integridad personal”.
Igualmente, envió un derecho de petición a la Presidencia de la República “con carácter preventivo y de garantía constitucional reforzada de derechos fundamentales”.
Hizo preguntas sobre las medidas que ha tomado la Presidencia para protegerla.
“La presente solicitud se eleva bajo los principios de buena fe, transparencia, eficacia administrativa, enfoque de género, prevención del riesgo y garantía reforzada de los derechos fundamentales. Solicito que la respuesta sea de fondo, completa, verificable, motivada y soportada en documentos, actos administrativos y actuaciones institucionales concretas, dentro de los términos legales establecidos", concluyó.
Rodríguez sigue compareciendo ante las autoridades, dando a conocer más detalles de sus denuncias, que hablan sobre una presunta red criminal dentro de la Casa de Nariño.