El Gobierno del presidente Gustavo Petro se le adelantó al Congreso y, mediante decreto, pondrá en marcha algunas líneas gruesas de su controvertida reforma a la salud.
El decreto lo firmó el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y lo hizo horas después de conocerse que el senador Miguel Ángel Pinto fuera elegido presidente de la Comisión Séptima del Senado, el escenario legislativo donde esta reforma ha terminado hundida. Jaramillo, al parecer, no vio un buen futuro para su iniciativa en el Senado y la expidió vía decreto.
Se trata del Decreto 0858 de 2025, “por el cual se sustituye la parte 11, del libro 2 del Decreto 780 de 2016, relativo al modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo”.
Establece “un modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo como política en salud para los habitantes del territorio colombiano”, según se lee en el documento oficial.
Uno de los grandes cambios del decreto es que las Empresas Prestadoras en Salud (EPS) se convertirán en gestoras de salud y vida, un término que nació de la exministra de salud, Carolina Corcho.
“Las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) públicas privadas y mixtas que hagan parte del nivel primario de las redes integrales e integradas territoriales de salud (Riits), se organizarán de manera funcional como Centros de Atención Primaria en Salud (Caps), que se constituye como la base territorial, desarrollan los atributos de accesibilidad y primer contacto, longitudinal a través de la adscripción poblacional y territorial, integralidad y coordinación e integran procesos de administración y atención de la ciudadanía, prestación de servicios de salud integrales, integrados y resolutivos”, contempla el decreto.
El Ministerio de Salud definirá en un plazo máximo de tres meses, contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del presente decreto, “los lineamientos con las tipologías de referencia, requisitos y condiciones que deben cumplir los prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos del nivel primario para organizarse funcionalmente en Centros de Atención Primaria en Salud (Caps)”, añadió.
“La organización funcional de las IPS como Caps no implica modificación alguna de su naturaleza jurídica, conservando estos su régimen legal y autonomía, de acuerdo con su forma de constitución y normativa”, se aclaró en un parágrafo.
En el decreto se estableció un capítulo especial dedicado al “trabajo digno y decente” para el talento humano en salud y otros trabajadores del sector, uno de los temas que se discutió en las dos fallidas reformas que el Gobierno ha presentado al Congreso.
Además de reducirle funciones a las EPS, el nuevo decreto elimina la intermediación de las Empresas Prestadoras en Salud y abre el camino para que el Gobierno nacional gire recursos directamente a las IPS.
“El modelo de salud preventivo, predictivo y resolutivo, se financia con cargo a los recursos del aseguramiento en salud administrados por la Adres, el Sistema General de Participaciones, los recursos del Presupuesto General de la Nación”, resaltó.
Las entidades y actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud “deberán adecuar progresivamente la operación a las disposiciones del presente decreto, en un plazo de un año, conforme a lo definido en esta norma”.
La firma de ese decreto generó polémica porque el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo este miércoles que estaba dispuesto al diálogo y la conciliación de esta reforma. No obstante, horas después, su colega, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, la impuso a través de un decreto que ya genera alarmas.
El congresista del Centro Democrático Andrés Forero anunció acciones judiciales contra el decreto.
“A Guillermo Alfonso Jaramillo no le bastó el desastre del sistema de salud de los maestros y ahora implementa su reforma vía decreto, desconociendo al Congreso. Y eso que el ministro Armando Benedetti había dicho que quería buscar acuerdos y concertar con la Comisión VII de Senado. Demandaremos ese esperpento”, aseguró.