A menos de tres meses de dejar el Gobierno, el presidente Gustavo Petro no deja de cazar peleas y de enfrentarse a las ramas del poder público.
En las últimas horas, el primer mandatario protagonizó una fuerte pelea con el Consejo de Estado, con la fiscal Luz Adriana Camargo— a quien él ternó en el cargo, pero ha confesado que se siente decepcionado—, lanzó críticas contra los banqueros y contra el alto comisionado para la paz, Otty Patiño.
La pelea del presidente que más ruido ha generado durante el comienzo de esta semana ha sido la que emprendió contra el Consejo de Estado que decidió frenar, a través de una decisión judicial, el traslado de 25 billones de pesos a Colpensiones, una iniciativa que impulsó el Gobierno sin necesidad de pasar por el Congreso.
Petro, cargado de tigre, dijo que “el magistrado —y sus amigos— que dice que no se puede trasladar el ahorro de los pensionados de Colombia al trasladarse a Colpensiones, está cometiendo un delito y he ordenado su denuncia como me corresponde por ley”.
El presidente confirmó que presentará una demanda penal por prevaricato contra el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, quien lideró la decisión en el alto tribunal.
“El presidente, como todo funcionario público, de acuerdo a la Constitución nacional tiene el deber de denunciarlo, y si los banqueros dueños de administradoras de pensiones se niegan a pagar los ahorros de los trabajadores ya pensionados por Colpensiones cometen el delito de estafa y hurto, al violar la ley vigente que los obliga a pasar el ahorro logrado por los ya pensionados, deben ser procesados penalmente y sancionados por las instancias respectivas. Es mi obligación constitucional hacerlo”, afirmó.
Como era de esperarse, el Consejo de Estado le cayó al primer mandatario con un contundente comunicado de prensa donde le reiteraron la importancia y el respeto de la separación de poderes. Y manifestaron que el pronunciamiento del Consejo de Estado exige y requiere una respuesta institucional “oportuna, clara y contundente” sobre las palabras expresadas por el presidente.
“El tono incendiario del primer mandatario no amerita ni justifica una respuesta en similar sentido, sino un ejercicio ponderado que, en defensa de nuestra Constitución, vigente y fortalecida, recuerde a todas aquellas voces que desean terminar, en vez de implementar, nuestra carta de derechos, la importancia capital que, en esta y en todas las democracias, tiene la separación de poderes”, afirmaron.
Petro, al contrario, cree que el Consejo de Estado, tras su decisión, “acaba con el derecho a la pensión y eso no debe ser permitido por el pueblo trabajador”. Y anticipó que la Corte Constitucional tiene la oportunidad histórica de dignificar la justicia colombiana. “Ojalá lo haga”, afirmó.
La pelea promete subir de nivel. El procurador Gregorio Eljach respaldó a la rama de Judicial luego de conocerse un comunicado de la Comisión Interinstitucional de la Rama Judicial que también exigió respeto a la independencia de poderes como lo ordena la Constitución de Colombia.
Petro también arremetió contra la candidata presidencial Paloma Valencia, quien respaldó la decisión del Consejo de Estado de suspender los giros de las pensiones a Colpensiones y le recordó que ella demandó la reforma pensional que hoy permanece quieta en la Corte Constitucional.
Petro también está enfrentado con la fiscal Luz Adriana Camargo porque se atravesó a la decisión del Gobierno nacional de conceder la libertad a 29 jefes del Clan del Golfo, entre ellos, el apodado Chiquito Malo.
A través de su cuenta personal de X, el jefe de Estado arremetió contra la postura de Luz Adriana Camargo: “El presidente es el que ordena la política de paz de Colombia. Las zonas de concentración para la salida de combatientes se respeta por orden del presidente. Ese es nuestro Estado social de derecho que establece la Constitución nacional. La paz es un derecho y un deber del pueblo colombiano y del Estado todo”.
“Yo no he suspendido la orden de extradición de alias Chiquito Malo, ni he autorizado la lista de los primeros cuatrocientos combatientes que irán a la zona de concentración del sur de Córdoba para su salida de la violencia que implica sometimientos a la justicia que la ley ya permite a la Fiscalía General”, añadió el mandatario colombiano.
Ese comunicado dejó al descubierto un corto circuito en la Casa de Nariño porque, según el presidente, él no fue consultado del levantamiento de las órdenes de captura.