La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) lanzó una alerta frente al recorte de $ 170.000 millones incluido en el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 y pidió al Congreso preservar los $ 821.803 millones que fueron radicados inicialmente por el Gobierno para el funcionamiento de la entidad.
La advertencia se produce de cara al segundo debate del proyecto de presupuesto. La JEP explicó que los $ 821.803 millones ya representaban una reducción de $ 125.839 millones frente a los $ 947.642 millones solicitados originalmente.
Después de nuevos ejercicios de ajuste, la entidad asegura que todavía enfrenta una desfinanciación de $ 84.633 millones, que ya implica racionamiento del gasto.
Sin embargo, el texto aprobado en primer debate por las comisiones conjuntas del Congreso contempla una reducción adicional de $ 170.000 millones: $1 40.000 millones corresponden a inversión y $ 30.000 millones a funcionamiento.
De aprobarse, el presupuesto de la JEP quedaría en $ 651.803 millones para 2027, $ 129.667 millones menos que el presupuesto vigente de 2026, equivalente a una reducción del 16,6 %.
La jurisdicción advierte que el recorte tendría efectos directos sobre el acceso a la justicia de las víctimas. La disminución en inversión reduciría los recursos disponibles de $ 174.119 millones a $ 34.119 millones, lo que limitaría la realización de audiencias y diligencias en los territorios donde ocurrieron los crímenes, así como la representación jurídica y el acompañamiento psicosocial.
La JEP señala que actualmente están acreditadas 16.097 víctimas individuales y 444 sujetos colectivos, que representan aproximadamente 634.804 personas. También estarían comprometidas las garantías de debido proceso y seguridad jurídica de 12.355 comparecientes de las extintas Farc-EP y 4.736 integrantes de la Fuerza Pública.
El recorte también afectaría el trabajo de la Unidad de Investigación y Acusación, al restringir investigaciones en territorio, labores técnico-forenses, análisis de riesgo y herramientas necesarias para culminar los juicios. Asimismo, estaría en riesgo el monitoreo de las sanciones propias.
En el funcionamiento, la reducción de $ 30.000 millones comprometería los esquemas de seguridad de víctimas, testigos, comparecientes y funcionarios. La JEP calcula que con los recursos disponibles podría cubrir, en promedio, solo cuatro meses de medidas de protección.
La entidad, sin embargo, aseguró que ha aplicado medidas de austeridad. Entre 2024 y julio de 2026, logró ahorros por $ 21.575 millones mediante cambios logísticos, uso de herramientas virtuales, programación anticipada de audiencias y un plan institucional de ahorro.
Además, reportó una ejecución presupuestal superior al 87 % desde 2019 y señaló que siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría no registran hallazgos de corrupción en su contra.
La JEP insistió en que su solicitud no representa una ampliación de su mandato. Recordó que su vigencia está prevista hasta 2033 y aseguró que no ha propuesto una prórroga.
La entidad sostiene que atraviesa una etapa decisiva, con el cierre de investigaciones en los 11 macrocasos, el avance de los juicios y la implementación de las sanciones propias, procesos que busca culminar antes de 2033.