El senador Jota Pe Hernández aprovechó la plenaria del Senado para cuestionar los vínculos de la familia del candidato presidencial, Iván Cepeda, con la guerrilla y las bases políticas del comunismo en Colombia.
El congresista mostró un antiguo video en el que Cepeda contó la historia política de sus padres, Manuel Cepeda Vargas y Yira Castro, y de cómo ellos una vez lo recibieron en un centro de detención.
“El señor Manuel Cepeda Vargas, papá de este sinvergüenza que hoy quiere ser presidente, era muy cercano a Tirofijo”, afirmó el senador opositor a la administración de Gustavo Petro.
El congresista reveló que en los archivos que guarda la JEP sobre la historia del conflicto armado colombiano están las cartas que intercambiaron el desaparecido guerrillero y el padre del candidato. Este último escribió un libro que tituló Vencerás Marquetalia.
Jota Pe Hernández también habló de la mamá del candidato presidencial. “Hay una guerrillera que se puso el alias de Yira Castro. Esto no es casualidad”, expresó el legislador en medio de la plenaria del Senado.
El legislador aseguró que el candidato presidencial es “apoyado” por Timochenko, así como su padre, según el relato que él presentó en la plenaria, tuvo el respaldo del otro excomandante guerrillero.
El senador opositor también cuestionó que exista un frente urbano de las Farc que lleva el nombre de Manuel Cepeda Vargas, así como el progenitor del aspirante a la Casa de Nariño para la elección que se definirá el domingo 21 de junio.
“Señores, esto está muy claro: viene de una dinastía, son la misma payasada y la misma escoria. Colombia vale mucho como para entregarlo en manos de esta basura”, aseveró Hernández.
El senador mencionó a la pareja del candidato, Pilar Rueda, quien fue funcionaria de la JEP durante ocho años en los que devengó un salario acumulado de 1.632 millones de pesos, según las cuentas presentadas por el congresista.
La bancada del Pacto Histórico defendió a Cepeda. La senadora Clara López recordó que Manuel Cepeda Vargas fue asesinado en medio de un crimen en el que se determinó la responsabilidad del Estado en el asesinato.