La senadora del Centro Democrático María Clara Posada volvió a cuestionar el contrato de arrendamiento de la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ubicada en el edificio Torre Squadra, en Bogotá.
La congresista puso el foco en la diferencia entre el valor registrado de la construcción y los recursos que, según su denuncia, ha destinado la entidad al pago del alquiler.
De acuerdo con los documentos que presentó Posada, la Constructora GAP SAS, propietaria del edificio, registró en 2020, mediante escritura pública y el certificado de libertad y tradición, que la construcción tenía un valor de $20.975 millones.
La senadora asegura que, entre 2020 y 2026, la JEP ha pagado $114.202 millones por el arrendamiento del inmueble. Esto representa, según sus cálculos, un promedio de $16.314 millones anuales.
La diferencia es el principal argumento de la denuncia. Posada sostiene que con los recursos destinados durante estos años al alquiler se habrían podido adquirir, de acuerdo con su comparación, hasta cinco edificios de características similares.
“¿Cuál fue la justificación técnica para acudir al arriendo y no a la compra que hubiera reducido considerablemente los costos de funcionamiento?”, cuestionó la congresista.
La senadora también puso en discusión el régimen bajo el cual la JEP realizó la contratación. Según Posada, la jurisdicción está facultada para contratar bajo el derecho privado, una condición que atribuye al artículo 118 de la Ley Estatutaria de la JEP y que, en su interpretación, le permite hacerlo sin acudir a procesos de licitación.
Por eso, plantea otro interrogante sobre el contrato: qué estudios técnicos y financieros respaldaron la decisión de arrendar la Torre Squadra y no contemplar la adquisición del inmueble como alternativa.
“¿Qué hay detrás de este millonario contrato de arrendamiento?”, preguntó la senadora, quien insiste en que se debe explicar el criterio utilizado para comprometer estos recursos públicos durante varios años.