La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no pasa por un buen momento. Una propuesta del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, de reducir 100.000 millones de pesos de presupuesto en 2027 llevó a varios sectores políticos a aplaudir la iniciativa y a pedir, incluso, la eliminación del tribunal de justicia transicional creado en el gobierno de Juan Manuel Santos para juzgar a las Farc, pero sin mayores resultados, según sus opositores.
Los cuestionamientos contra la JEP tomaron fuerza luego de que el presidente Abelardo De La Espriella aplaudiera la iniciativa de Gómez. “Comuníquese y cúmplase”, escribió el jefe de Estado en su cuenta oficial de X.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha protestado y amenazó con ir hasta la Corte Penal Internacional (CPI) para quejarse. Mientras tanto, en Colombia la justicia transicional se quedó sin mayor respaldo.
El grueso del Congreso —especialmente los partidos de gobierno— respalda la propuesta de Gómez Martínez de quitarle oxígeno financiero al tribunal.
El exsenador José Obdulio Gaviria, uno de los pensadores del Centro Democrático, dijo que la bancada de su partido “debe cerrar filas en el tema de la JEP”.
Y pidió “cancelar todos los contratistas de la JEP (cerca de 800) y que se deje solo su nómina, que de por sí es exagerada e inútil (presidentes, relatoría, Grai, tribunal, salas y secretaría judicial, entre ellos, titulares, auxiliares y personal de sala y Fiscalía)”.
Según Gaviria, la planta total de la JEP es de 1.456 puestos y su presupuesto de 2026 es de $ 744.658 millones. “Un magistrado gana $ 55 millones al mes. Ese no es un tribunal austero al que estén asfixiando, como dice su presidente. Antes de escribirle a La Haya, que publique el desglose para que haya escándalo mundial: cuántos magistrados titulares, cuántos auxiliares, cuántos por despacho, cuántos etcéteras”.
Como si fuera poco, las víctimas de las Farc, quienes, se supone, deberían ser tenidas en cuenta en el tribunal, también están contra la justicia transicional.
Sofía Gaviria, fundadora y presidenta de la Federación de Víctimas de Colombia, felicitó la iniciativa de Gómez Martínez. “Su aplauso, el apoyo al Gobierno nacional en nombre del presidente Abelardo De La Espriella por el recorte a la JEP. Nos parece oportuno que se fortaleza la justicia ordinaria porque allá es donde debe ir el secretariado de las Farc ya que, después de 10 años de concebida y ocho de estar operando, no tiene las suficientes sentencias condenatorias de unos crímenes que no se pueden castigar sembrando lechugas y manteniendo derechos políticos”, expresó.
Ingrid Betancourt, por su parte, dijo que la JEP ha sido ineficaz para “garantizar nuestros derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, a pesar de las alertas y reclamos públicos que le hemos presentado a la JEP por escrito y personalmente”.
El exrepresentante a la Cámara por el Partido Conservador, Jaime Felipe Lozada, también reaccionó. “Como víctima, exijo resultados. La JEP debe rendir cuentas sobre sus alcances, sus decisiones y cada peso de su presupuesto. Respaldo que se revise a fondo y que, si los resultados no justifican los recursos, se recorte sustancialmente. Las víctimas merecemos verdad, justicia, reparación y no repetición. No burocracia”, indicó.
Por otro lado, el exdiputado del Valle, Sigifredo López, quien estuvo casi siete años secuestrado por las Farc, afirmó que, durante sus siete años y medio de labores, la JEP ha gastado un presupuesto de 4,2 billones de pesos, destinados enteramente a su funcionamiento.
Fue enfático en la magnitud de esta cifra en los gastos de funcionamiento y aseguró que con ese dinero se habrían podido construir mil escuelas o colegios en el país, calculando un costo de 4.200 millones de pesos por cada uno de ellos.
Más allá de lo que piensen los partidos políticos de derecha y centroderecha, le corresponderá al Congreso decidir la suerte presupuestal de la JEP.
El presidente Abelardo De La Espriella ha sido claro en que “el presupuesto de una entidad pública no se fija únicamente con base en lo que esa entidad pide; se define teniendo en cuenta los recursos que realmente existen, las necesidades del Estado y las prioridades de todos los colombianos”.
El debate está abierto. Y, tal como están las cosas, se vienen días definitivos para la JEP.