Salud Hernández-Mora volvió a cuestionar con dureza a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), esta vez por las sanciones impuestas a siete integrantes del antiguo Secretariado de las Farc por los secuestros cometidos durante el conflicto armado.
La periodista abrió su intervención dirigiéndose directamente al tribunal y poniendo en duda que las medidas establecidas respondan a las expectativas de las víctimas:
“Señores de la JEP, ¿creen que la gente es boba? ¿No se dan cuenta de que con sus decisiones están insultando a miles de víctimas de los secuestros de las Farc? La sentencia a los siete jefes de las Farc por secuestro, después de nueve años de existencia de ese tribunal que creó Juan Manuel Santos, es una absoluta tomadura de pelo”.
Hernández-Mora, quien ha sido crítica de la justicia transicional desde su creación, sostuvo además que nunca confió en el modelo establecido tras el Acuerdo de Paz y afirmó que las decisiones conocidas, según ella, superaron incluso sus propias expectativas frente al tribunal:
“Aunque, como millones de colombianos, nunca creí en ese tribunal que crearon para encubrir a las Farc, jamás pensé que llegaran a ese grado de desvergüenza”.
Salud Hernández cuestionó las sanciones restaurativas
La JEP estableció sanciones propias para los exintegrantes de las Farc que reconocieron responsabilidad y aportaron verdad dentro del Caso 01, relacionado con toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes.
Estas sanciones no corresponden a penas ordinarias de prisión, sino que contemplan restricciones efectivas de derechos y libertades, además de trabajos con contenido restaurativo y reparador.
Precisamente ese modelo fue uno de los principales blancos de las críticas de Hernández-Mora. La periodista cuestionó tanto la duración de las sanciones como las actividades que deberán desarrollar los comparecientes.
“Empiezan por llamarlas sanciones, no se vayan a ofender los señores criminales de las Farc, y van de cinco a ocho años. Dirán ustedes: ¿de cinco a ocho años de cárcel? No, por Dios. Ya saben, en la JEP a un guerrillero ni con el pétalo de una rosa”, señaló.
Entre las actividades restaurativas se encuentra la participación de algunos sancionados en acciones relacionadas con la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. La ejecución de estas medidas debe realizarse bajo supervisión y forma parte del componente restaurativo contemplado por el sistema de justicia transicional.
Hernández-Mora también cuestionó este punto y aseguró que esas labores deberían haberse adelantado desde años atrás:
“Una función, por ejemplo, es buscar secuestrados desaparecidos, es decir, a los que tenían cautivos y los asesinaron y jamás entregaron a sus familiares. Pensábamos que lo habían hecho durante todos estos años, pero es que no tuvieron tiempo, estaban dedicados a vivir sabroso”.
Posteriormente se refirió a los horarios establecidos para algunas de las actividades y volvió a utilizar la ironía: “Ahora los sancionados tendrán que trabajar de ocho a cinco de la tarde, de lunes a viernes. Sí, sí, así lo pone en la sentencia: de ocho a cinco. Tremendo castigo”.
Las críticas por las labores asignadas
Hernández-Mora mencionó además las actividades previstas en el cementerio San Antonio de Padua, en Pitalito, Huila, y las tareas que deberán desarrollar algunos de los exintegrantes de las Farc:
“A cuatro de ellos les han asignado la labor de buscar en el cementerio San Antonio de Padua de Pitalito. Les tocó a Timochenko, Pastor Alape, alias el Médico y Joaquín Gómez. No sé si les van a dar una pala para que remuevan la tierra o solo les toca mirar cómo trabajan otros con cara de compungidos”.
La periodista también cuestionó las actividades restaurativas relacionadas con infraestructura comunitaria, memoria y pedagogía:
“Otros deberán supervisar que pintan una escuelita o hacen un camino veredal o cosas por el estilo. Para Carlos Antonio Lozada y Pablo Catatumbo la sanción restaurativa es quedarse en Bogotá y realizar labores de pedagogía y memoria histórica”.
Frente a este punto, Hernández-Mora recordó el paso de ambos por el Congreso y añadió: “Esos dos estuvieron ocho años en el Senado ganando millonadas, pero plata solo para ellos; para sus víctimas, ni un peso”.
Las restricciones de movilidad también fueron cuestionadas
Las sanciones propias contemplan restricciones a derechos y libertades, entre ellas limitaciones territoriales y mecanismos de supervisión para verificar su cumplimiento. No obstante, estas medidas tampoco convencieron a Hernández-Mora.
“Otro castigo tenaz, difícil de sobrellevar, es que no podrán salir de la región que les asignen ni de Colombia”, afirmó inicialmente.
Acto seguido, cuestionó que los comparecientes puedan solicitar autorizaciones para determinados desplazamientos:
“Hay que hacer una salvedad, no vayan a sufrir los pazólogos: la JEP ha pensado en todo. Si alguno de los sancionados quiere visitar otro país o irse a otro departamento, no tiene más que pedírselo a la JEP”.
La periodista también puso sobre la mesa el costo que supone para el Estado la ejecución y vigilancia de las sanciones, incluyendo las medidas de seguridad que requieren algunos de los comparecientes:
“¿Quién paga todos los gastos de alojamiento, de comidas y, por supuesto, de la seguridad que les proporciona la JEP, las camionetas? Usted y todos los contribuyentes”, cuestionó.
Salud Hernández respaldó recortar el presupuesto de la JEP
Las declaraciones se producen en medio de otro debate alrededor de la justicia transicional: la propuesta de reducir recursos del presupuesto de la JEP y trasladarlos al Consejo Superior de la Judicatura para fortalecer la justicia ordinaria.
En ese contexto, Hernández-Mora expresó abiertamente su respaldo a que el Gobierno reduzca los recursos destinados a la jurisdicción.
“Por eso, ojalá este Gobierno le recorte todo lo que pueda en el presupuesto. Para reírse del país y de la justicia verdadera, suficiente con la plata que les han destinado”, afirmó.
La periodista vinculó además la discusión presupuestal con las necesidades fiscales que enfrenta el país y con los recursos requeridos para atender las consecuencias del reciente terremoto:
“Tengan en cuenta que Gustavo Petro dejó la Nación sin fondos, arruinada, y que el terremoto exige al Estado apretarse todavía más el cinturón para sacar plata de donde no la hay y atender necesidades urgentes”.
Respondió a las advertencias de Alejandro Ramelli
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha advertido sobre las consecuencias que tendría una reducción significativa de los recursos de la jurisdicción y ha planteado la discusión ante instancias internacionales.
Hernández-Mora también dedicó parte de su intervención a responderle directamente:
“Y no crea, Ramelli, que va a atemorizar a nadie con sus amenazas de que habla con la CPI; que vaya a la ONU, a la CIDH, como si va a Marte. Y menos aún con unos argumentos falaces”, aseguró.
Finalmente, la periodista sostuvo que dentro de la discusión deben tener más espacio las víctimas de secuestro que han cuestionado las decisiones tomadas durante la implementación del Acuerdo de Paz.
“De pronto le vendría bien escuchar las voces de miles de víctimas del secuestro, a las que no quisieron oír durante los años del proceso de paz porque eran críticas y no tragaban la narrativa oficial”, señaló.
Hernández-Mora cerró su intervención insistiendo en el debate presupuestal y cuestionando los recursos que requiere la jurisdicción para continuar funcionando:
“Si quiere cerrar la JEP porque considera que no son suficientes los 800.000 millones asignados con el Presupuesto Nacional y necesita otros 150.000 más para operar y, si no, mejor que no exista. Adelante, adelante”.