En el curso de las investigaciones que adelantó la Fiscalía por el escándalo de Lili Pink, la empresa de ropa femenina que fue objeto de operativos de extinción de dominio, la Fiscalía ordenó unas medidas cautelares que siguieron sumando bienes a esa multimillonaria operación. La decisión del ente acusador reventó ampollas en la defensa.
Para la Fiscalía existe relación entre los hechos materia de investigación: las presuntas irregularidades relacionadas con contrabando y lavado de activos, y la compra de predios, locales y sociedades asociadas en reconocidos centros comerciales en las principales ciudades del país.
La defensa de las personas procesadas en este escándalo, a través de un comunicado y una entrevista con SEMANA, advirtió que los operativos de la Fiscalía carecen de legalidad, no solo porque son anacrónicos en el momento en que esos predios fueron adquiridos, sino porque no tienen relación con los hechos que se investigan.
“Yo no veo el delito. Entonces, ¿Qué viene ahora? Es la audiencia de acusación y seguir con el proceso, pero a Dios gracias interviene la rama judicial y esas personas se van a defender en libertad; van a ejercer ejerciendo su derecho de defensa. Cuatro jueces de la República le han dicho la Fiscalía que sus pruebas son ilegales”, explicó la defensa.
Andrés Jiménez, un abogado del equipo de defensa en el escándalo de Lili Pink, advirtió que todo arrancó justamente con una denuncia que hizo la compañía en contra de la Dian y por la pérdida de más de 3 millones de prendas de ropa interior supuestamente incautadas, pero que terminaron en vitrinas y ganchos en zonas como San Victorino en el centro de Bogotá.
Ese argumento justamente es el que le da a Andrés Jiménez para entender y decirle a otros empresarios que denunciar presuntos hechos de corrupción en la Dian se puede convertir en un problema no solo con la entidad, sino con la Fiscalía, que recibe las solicitudes de investigación y le mete el acelerador en muchas oportunidades sin mirar los elementos de prueba.
“Seguramente fue la más valiente en denunciarlo y mire cómo terminó, y yo creo que hay que aprovechar este cambio de aires en la administración, en el nuevo gobierno, para a través de ustedes hacerle un llamado al director de la Dian para que revise qué pasó con los 3 millones de prendas y revise si efectivamente hay denuncias; no sabemos, pero lo que no puede suceder es que los empresarios honestos que han dado trabajo en Colombia y que durante más de 40 años han construido un patrimonio se quejan por irregularidades y mire”, señaló el abogado Jiménez.
Un juez negó la solicitud de medida de aseguramiento que hizo la Fiscalía en contra de los socios de esta compañía e incluso advirtió que algunos elementos de prueba carecen de legalidad, de ahí que el asunto para el ente acusador se empieza a enredar, principalmente cuando esperan llegar a una etapa de juicio.