La Fiscalía General de la Nación hizo una adición a las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio a un conglomerado empresarial que, con la fachada de la comercialización de ropa femenina, habría facilitado, según el ente acusador, el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando.
La actuación fue adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, que en esta nueva fase afectó 45 inmuebles, cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, realizan la ocupación de los bienes, con apoyo de unidades del Ejército Nacional. Los activos están representados en 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo (Cundinamarca); Cartagena (Bolívar); Pereira (Risaralda); Ibagué (Tolima), y Cali (Valle del Cauca).
Se trata del caso Lili Pink, cuyo entramado de contrabando y lavado de activos de la empresa ha llevado a estas acciones del ente acusador.
El caso
En el primer semestre de 2022, una serie de movimientos extraños, conformación de microempresas e importaciones desde Panamá prendieron las alarmas en el interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Los ojos escrutadores se centraron en Lili Pink, la empresa de ropa interior y accesorios, que en pocos años había presentado una notable expansión en varias ciudades de Colombia.
Con base en operaciones que resultaron sospechosas para la Dian, se tomó la decisión de crear un grupo de tareas especiales con el fin de evitar a toda costa que se filtrara la información, lo que representaría una afectación irreversible al caso. Por esto, solamente un selecto grupo de funcionarios de la Dian, acompañados por la entonces cúpula de la Fiscalía General, eran los únicos que conocían del caso, que llevó a una inspección sorpresa en la mañana del 31 de marzo de 2022 en Pink Life S. A. S., casa matriz y sede principal de la empresa en Barranquilla.
Los agentes de los que se sospechaba podrían infiltrar el operativo y entregar información a los dueños de Lili Pink, según le contó a SEMANA una fuente que pidió reserva de su identidad, fueron enviados a otro operativo en la zona franca de la capital del Atlántico.
En la diligencia en Lili Pink, que se extendió por diez horas, los agentes recolectaron elementos tecnológicos y documentos físicos del departamento contable de la compañía. Para blindar la información, se realizó una copia espejo y grabación de todo el operativo.
“La investigación realizada desde el ámbito fiscal ha permitido evidenciar la posible existencia de operaciones inusuales o atípicas que, al no tener una justificación adecuada, se identifican como operaciones sospechosas”, señala la denuncia conocida en su totalidad por SEMANA.
En el rosario de irregularidades se encuentran importaciones ficticias, incremento injustificado de la facturación, empresas con el mismo representante legal, costos de producción inexistentes, deducciones de impuestos inventadas y ventas de productos irreales.
La segunda fase es saber quién era el dueño del dinero al que se le quería dar apariencia de legalidad. “De acuerdo con lo relatado en la denuncia, se evidencian hechos con implicaciones jurídico-legales, derivados de los comportamientos de estas empresas posiblemente inmersas en diferentes faltas como la estructuración de compra y venta de costos, utilización del sistema financiero para el movimiento de capitales a través de empresas sin capacidad económica, de personas que aparentan ser representantes legales y que pueden estar siendo utilizadas; lo anterior, con miras a defraudar el fisco colombiano”, enfatizó una fuente.
La empresa ha negado los señalamientos, asegurando que su actividad comercial ha estado ajustada a la ley. “Los hechos mencionados corresponden a una controversia jurídica en curso, no a conclusiones definitivas”.