La marca Lili Pink se pronunció luego de las acciones adoptadas por la Fiscalía General de la Nación. El 16 de septiembre pasado, el ente acusador hizo una adición a las medidas cautelares con fines de extinción del derecho de dominio a un conglomerado empresarial que, con la fachada de la comercialización de ropa femenina, y de acuerdo con el organismo, habría facilitado el ingreso al país de recursos de origen ilícito y mercancía de contrabando.
La actuación fue adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales, que en esta nueva fase afectó 45 inmuebles, cuyo valor supera los 184.615 millones de pesos.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Ejército Nacional, realizaron la ocupación de los bienes, con apoyo de unidades del Ejército Nacional. Los activos están representados en 17 inmuebles rurales y 28 urbanos, ubicados en Bogotá; Funza, La Calera y Tenjo (Cundinamarca); Cartagena (Bolívar); Pereira (Risaralda); Ibagué (Tolima) y Cali (Valle del Cauca).
Tras las acciones emprendidas, la marca Lili Pink emitió un comunicado en el que calificó de “retaliación” las medidas adoptadas por la Fiscalía General de la Nación y, además, indicó que sigue a la espera de resultados respecto de las denuncias según las cuales muchas de las prendas decomisadas terminaron a la venta en el centro de Bogotá.
Este es su pronunciamiento íntegro:
Comunicado
Lili Pink denuncia que la Fiscalía incautó bienes que no tienen que ver con la marca como medida de retaliación
La defensa de Lili Pink, liderada por los abogados Andrés Eduardo Jiménez Camargo, Juan David Bazzani Montoya y Laura Kamila Toro Peña, informa:
1. Nuevas medidas sobre bienes ajenos a la marca. La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre bienes que, según la defensa, no tienen relación con Lili Pink e incluso fueron adquiridos antes de su existencia.
2. Grave afectación patrimonial. La defensa considera que estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia.
3. La Fiscalía ya ha recibido serios cuestionamientos judiciales. Cuatro jueces han declarado ilegales elementos probatorios dentro del proceso y, posteriormente, otro juez negó la medida de aseguramiento al considerar insuficiente la sustentación presentada por la Fiscalía. Ahora esas actuaciones vuelven a ser utilizadas para justificar nuevas medidas patrimoniales.
4. ¿Y las denuncias sobre los 3 millones de prendas? Mientras se anuncian nuevas medidas contra Lili Pink, siguen sin avances conocidos las denuncias por presuntas irregularidades en la DIAN y por la posible comercialización irregular de cerca de 3.000.000 de prendas decomisadas.
La defensa acudirá a todas las instancias legales necesarias para impedir que los titulares sustituyan las pruebas y el debate ante los jueces.
En el primer semestre de 2022, una serie de movimientos extraños, la conformación de microempresas e importaciones desde Panamá prendieron las alarmas en el interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Los ojos escrutadores se centraron en Lili Pink, la empresa de ropa interior y accesorios, que en pocos años había presentado una notable expansión en varias ciudades de Colombia.
Con base en operaciones que resultaron sospechosas para la Dian, se tomó la decisión de crear un grupo de tareas especiales con el fin de evitar a toda costa que se filtrara la información, lo que representaría una afectación irreversible al caso. Por esto, solamente un selecto grupo de funcionarios de la Dian, acompañados por la entonces cúpula de la Fiscalía General, eran los únicos que conocían del caso, que llevó a una inspección sorpresa en la mañana del 31 de marzo de 2022 en Pink Life S. A. S., casa matriz y sede principal de la empresa en Barranquilla.