SEMANA: Desde la MOE han hecho la observación de muchas elecciones nacionales y locales. ¿Qué tiene de diferente la de 2026 a las anteriores?
Alejandra Barrios: Hemos visto tres momentos de los procesos electorales desde que empezamos a observar hace 20 años. Hasta 2016 hubo una presencia fuerte de grupos armados ilegales y narcotráfico, y veníamos del proceso de la parapolítica. En ese año se refrenda la paz y se da un quiebre. El siguiente proceso electoral, en 2018, fue el más tranquilo. Después de la pandemia, los grupos armados se expandieron y se tuvieron incumplimientos serios a los acuerdos; entonces, desde 2022, esto ha sido en subida.
SEMANA: Además de esa inseguridad, ¿hay también una incertidumbre de país que afecte el proceso?
A.B.: Uno de los temas que modifica la agenda para estas elecciones fue que no se transmitieron alrededor de 500.000 votos del Pacto Histórico en 2022. Esto comenzó a ser un tema central de la elección porque apareció un fantasma de supuesta manipulación de resultados electorales.
SEMANA: El preconteo y escrutinio son un proceso humano. Para 2026, los formularios E-14 tuvieron un rediseño para hacer entendible la transmisión de resultados. ¿Ese ajuste es válido para la MOE?
A.B.: Sí. El proceso electoral pasa en un 90 por ciento por seres humanos: los jurados hacen el conteo de los votos de manera simultánea en el ámbito nacional. Lo que pase allí es un error de seres humanos o es un delito. Los escrutadores son también personas, pero en ese proceso hay delegados del ministerio público, representantes de partidos, observadores y testigos, además de un software que genera alertas sobre la información que se diligencia. La manera más sencilla de explicar ese software sobre el que se ha tejido tanta desinformación es que es un Excel: si le metes basura, te dará basura; pero si le metes datos, te dará la información correcta.
SEMANA: ¿Creen en el software?
A.B.: Hemos estado en los diferentes simulacros, hemos observado los procesos de auditoría, hemos hecho recomendaciones de mejora y no hemos visto un proceso nacional en el que podamos determinar que el software modificó resultados para favorecer alguna candidatura.
SEMANA: ¿Las observaciones que han hecho han sido acogidas por la Registraduría?
A.B.: La Registraduría no tiene la obligación de implementar nuestras recomendaciones. Sin embargo, quiero señalar que para este proceso ha habido un diálogo impresionante con la Registraduría. Lo que pasó hace cuatro años fue muy grave, los temores que hay son legítimos porque fueron generados por la falta de información de 500.000 votos, pero también es importante señalar que esos votos nunca se perdieron. Todas las pruebas estadísticas nos mostraron que los votos estaban ahí. Hoy la MOE no tiene ninguna información de que para las elecciones haya una solicitud de nulidad electoral por parte de ninguna organización política; todas aceptaron los resultados. Hemos visto por parte de la Registraduría una actitud para que haya transparencia y claridad sobre el proceso electoral.
SEMANA: El registrador Hernán Penagos ha respondido a esos interrogantes exhibiendo el código fuente. ¿Lo que pide el presidente de acceder al código fuente pondría en riesgo la elección?
A.B.: Las organizaciones políticas son las que deben mantener el diálogo con la Registraduría, no es el poder Ejecutivo el llamado a hacer esas exigencias. Las decisiones de cómo se deben hacer las auditorías se toman en mesas técnicas de la Registraduría con los partidos. Segundo, hay dos auditorías contratadas, Capel y McGregor. Tercero, si se desean modificar los procesos electorales, incluyendo el tema de las auditorías y sus alcances, eso no se hace dos meses antes de elecciones porque las elecciones comienzan a gestionarse un año antes.
SEMANA: ¿Esta elección es en la que la institucionalidad ha intentado dar más garantías al proceso electoral?
A.B.: No me cabe la menor duda de que así ha sido en materia de garantías sobre el software y logística electoral, no solo por el compromiso de la Registraduría, sino porque esto se convirtió en un tema que sí miran los actores políticos, pese a que ya lo habíamos advertido en informes desde 2014 con el caso del Partido Mira. A unos meses de las elecciones no pueden improvisarse cambios.
SEMANA: Después del caso Mira hubo elecciones presidenciales con Juan Manuel Santos e Iván Duque en la Casa de Nariño, ninguno de ellos puso en duda el proceso electoral, pero Petro sí. ¿Qué cambió?
A.B.: Está muy marcado por lo que pasó hace cuatro años, porque hubo una afectación específica al Pacto Histórico. Nadie se está inventando los problemas; efectivamente, se dejó de transmitir datos, pero no hubo fraude y el Ejecutivo pudo responder.
SEMANA: Una de las preocupaciones de la MOE tiene que ver con las garantías para la libertad del voto. ¿Se puede votar libremente?
A.B.: Colombia tiene fuertes distorsiones en torno a la libertad del voto. Hay un fuerte arraigo de relaciones políticas clientelares en el ámbito local y esa es una forma de presión al ciudadano. También se quita la libertad del voto cuando las empresas públicas o privadas les dicen a sus empleados que si no votan por determinado candidato, van a perder el contrato. A esto se suma la presencia de grupos armados en territorios, tenemos más de 100 expresiones de grupos microterritorializados que están en las zonas rurales de 207 municipios.
SEMANA: ¿Qué narrativas de desinformación han encontrado?
A.B.: La más antigua ha sido la de desconfianza al proceso electoral que se detectó desde mediados del año pasado, luego se presenta una manipulación de la percepción electoral, que es un tema atado a las encuestas. Como teníamos silencio electoral, aparecieron informaciones que mostraban como encuestas. En los últimos meses se ha presentado un macrorrelato de desequilibrio institucional que busca instalar dudas sobre las garantías para las elecciones, también ataques a las candidaturas y la perturbación al certamen electoral a través de una estrategia de distorsión de la información. Estos cinco aspectos generan impactos en el proceso electoral porque los ciudadanos terminan con información no adecuada, sin sustento objetivo.
SEMANA: La ley de encuestas generó un tiempo de veda en el que los ciudadanos no tuvieron información. Además, las encuestadoras han advertido sobre las difíciles condiciones para levantar información. ¿Qué se debe corregir?
A.B.: Cuando finalice el proceso electoral hay que hacer una mesa técnica con todos los actores para revisar el impacto técnico y económico. La veda electoral llevó a una narrativa de manipulación de la percepción ciudadana porque, como no había encuestas, cualquier material que saliera era consumido como cierto. Pero, en contraste, no es serio que hace un año y medio se estuviera presentando una encuesta con 100 candidaturas en la que algunos decían que jamás habían manifestado que serían candidatos. Eso tuvo consecuencias específicas. La ley de encuestas debe dar suficientes parámetros técnicos para que sean financieramente viables, pero que estas a la vez sean responsables en los efectos que generan en la ciudadanía.
SEMANA: Las encuestas son una fotografía en el tiempo...
A.B.: Con las encuestas se toman decisiones de financiación de las campañas políticas y pueden generar un desequilibrio en la contienda electoral que es absolutamente obvio, por esos motivos deben ser reguladas y técnicamente impecables. Si bien son un elemento para el análisis, tienen efectos claros en la vida democrática: hay campañas que no van a debates porque no van a arriesgar lo que su estrategia les dicta si están a la cabeza de las encuestas; otras candidaturas se volvieron irrelevantes y no son invitadas a espacios de conversación.
SEMANA: ¿Existe algún tipo de riesgo de injerencia en las elecciones presidenciales?
A.B.: Lo que más nos preocupa es la desinformación y los discursos de odio. Estas elecciones se mueven de manera particular en los centros urbanos donde hay mayor población, y en estos están quienes utilizan redes sociales. Hemos hecho ejercicios de escucha de las redes para tomar la temperatura del país y la mayor preocupación ha sido el comportamiento de las redes. Sería terrible para el país que este nivel de desinformación lleve a actuaciones de la ciudadanía. Nosotros tenemos un sistema en el que participan seres humanos y que es manual. Un fraude electoral en una elección presidencial sería muy fácil de ver. Si hay una irregularidad, es imposible que los medios o la MOE no lo vean.
SEMANA: Uno de sus informes dice que no hay evidencias de que la presencia de actores armados esté influyendo en los votos. Pese a esto, ¿qué le preocupa en materia de seguridad?
A.B.: Lo que más nos preocupa es la seguridad de los candidatos. Necesitamos las medidas de seguridad. Nos preocupan las garantías a los ciudadanos para votar de manera libre. Es fundamental que los ciudadanos nos informen sobre cualquier tipo de constreñimiento a la línea 3152661969. Esta semana es clave.
SEMANA: El Gobierno les dio la libertad a cabecillas en plena época electoral y esto ha generado dudas. Esas decisiones hacen ruido en la elección presidencial...
A.B.: Ninguno de nosotros puede prever qué es lo que está pasando, pero lo que sí debe quedar absolutamente claro es que entre las obligaciones de los grupos con los que hay mesas de negociación y diálogos está que no pueden afectar el proceso electoral.
SEMANA: ¿Hay garantía de que no lo están haciendo? ¿Tiene algún indicio?
A.B.: Las garantías deben ponerlas las Fuerzas Armadas que están en el territorio o los ciudadanos que se sientan presionados. Sería inaceptable que las personas con las que está dialogando el Gobierno hagan cualquier tipo de presión; eso debería llevar a la suspensión de la mesa.