El Parlamento Europeo emitió una dura resolución sobre la situación en Colombia tras el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y la reciente ola de atentados terroristas en el país.
La institución condenó “en los términos más enérgicos” el crimen y expresó sus condolencias a la familia del dirigente político, advirtiendo que este hecho no es un caso aislado, sino parte de un clima de violencia e intimidación que amenaza la estabilidad democrática.
El documento subraya que Colombia atraviesa una escalada de ataques contra líderes políticos, defensores de derechos humanos, periodistas, fuerzas de seguridad y ciudadanos. Según la resolución, estos hechos han “sacudido profundamente la cohesión social y la estabilidad del país”, al tiempo que instó al Gobierno a investigar los crímenes y llevar ante la justicia no solo a los autores materiales, sino también a los instigadores y financiadores.
La Eurocámara hizo un llamado urgente a las autoridades colombianas para identificar las causas de la violencia y fortalecer la protección de los derechos humanos.
El texto también alerta por la expansión del crimen organizado y la consolidación de corredores del narcotráfico en la frontera con Venezuela, donde estructuras transnacionales, como el Cartel de los Soles, facilitan el tráfico de armas y dinero ilícito. En ese sentido, advierte que este nexo fronterizo alimenta a grupos insurgentes y disidentes en Colombia, lo cual pone en riesgto la soberanía nacional y la estabilidad regional.
Otro de los apartados señala con preocupación los discursos polarizantes de dirigentes políticos, incluidos los emitidos por la Presidencia de la República que, según la declaración del parlamento, han alimentado el odio y la violencia. El Parlamento recordó la obligación de proteger a líderes sociales y ciudadanos que ejercen sus derechos democráticos, y pidió medidas inmediatas para evitar más asesinatos.
“Los discursos incendiarios esparcidos por la presidencia y otros actores políticos han contribuido a incrementar la polarización, la violencia política, el discurso de odio y la inestabilidad en el país”, señala el texto.
De cara a las elecciones de 2026, la resolución manifestó alarma por el incremento de ataques contra candidatos en 2025, lo que, según los eurodiputados, podría minar la confianza en las instituciones y afectar las garantías electorales. Exigieron seguridad reforzada, transparencia en la comunicación institucional y recursos suficientes para la organización de los comicios.
El Parlamento también pidió la actualización de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea para incluir a grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, el Estado Mayor Central, facciones del ELN y al denominado Cartel de los Soles, con el fin de cortar sus redes financieras y logísticas.
Asimismo, solicitó que se mantenga el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia y que se refuercen los mecanismos de cooperación internacional contra el terrorismo y el narcotráfico.
Finalmente, la Eurocámara expresó preocupación por los recortes presupuestales a la Defensoría del Pueblo en Colombia, al considerar que esa institución cumple un papel crucial en la protección de los derechos humanos.
En su instrucción final, el Parlamento ordenó remitir la resolución al Gobierno colombiano, al Congreso, a la ONU y a la OEA, como parte de un llamado internacional para frenar la violencia política y garantizar el respeto a la democracia.