El país sigue sumido en la incertidumbre por lo que pueda pasar con el ahorro de los colombianos. Mientras la Corte Constitucional continúa con el estudio de la reforma pensional aprobada en el Congreso, el Gobierno Petro pretende implementar lo propuesto por distintas vías.
El Ministerio del Trabajo publicó el borrador de un decreto para trasladar 24,7 billones de pesos, que obligaría a que los fondos privados giren el dinero de 119.496 ahorradores del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM), administrado por Colpensiones.
Eso desató todo un debate que ha dejado más preocupaciones que certezas. La Contraloría General alertó de que esa movida podría provocar que el ahorro pensional de miles de colombianos termine en gasto corriente del Estado y, por ello, sugirió que el decreto sería inviable.
La propuesta del Gobierno, además, iría en contravía de lo aprobado en la ley que estudia la Corte, pues el artículo 76 establece que los recursos de las cuentas de ahorro individual deben seguir siendo administrados por los fondos privados hasta adquirir el derecho de pensión.
“Los valores contenidos en las cuentas de ahorro individual de las personas que hagan uso de este mecanismo seguirán siendo administrados por las administradoras de fondos de pensiones hasta el momento en que se consolide la pensión integral de vejez o la pensión de vejez del régimen anterior”, dice la ley.
¿Qué hay detrás? La candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que esta movida sería “ilegal” y cuestionó que este recurso pueda utilizarse para las elecciones de 2026. “Quieren apoderarse del ahorro de los trabajadores a toda costa”. Dijo que, si llega a ser publicado el decreto, lo demandará de inmediato.
El debate ha generado confrontación electoral. El exsenador Gustavo Bolívar manifestó que, si algún “viejo” llega a votar por Valencia por lo que ha dicho y hecho en contra de la reforma, sería porque “le sobra ignorancia”. Exactamente, sus palabras fueron: “Si un solo viejo pobre vota por Paloma Valencia, sabiendo que se opone a que reciba 230.000 pesos para su comida, como lo demuestran sus demandas a la reforma pensional, es que a este pueblo le falta mucha cultura y le sobra ignorancia”.
El abogado Misael Triana, experto en temas pensionales, considera que, si el decreto es expedido, sería una “medida extrema” del Gobierno con el propósito de conseguir recursos para las elecciones y favorecer al candidato del continuismo del Gobierno, es decir, Iván Cepeda.
Otro de los obstáculos que encontraría el Ministerio del Trabajo al oficializar este decreto es que un documento previo establece que los recursos deben permanecer en manos de los fondos privados mientras entra en operación el fondo de ahorro del pilar contributivo, por lo que, por ahora, no existiría un mecanismo institucional que permita recibir los recursos trasladados.
En medio de este panorama, hasta el próximo 16 de julio tendrán plazo los colombianos que no se cambiaron a tiempo de régimen para llevar a cabo el traslado (usualmente de los fondos privados a Colpensiones). Ese cambio se puede hacer máximo diez años antes de la edad de jubilación, pero la reforma pensional dio una gabela para que dicho traslado se pudiera hacer sin necesidad de un proceso legal.
La decisión que tome la Corte Constitucional causa bastante expectativa, pues, si es declarada exequible, todos los trabajadores deberán cotizar sus primeros 2,3 salarios mínimos en Colpensiones y el resto en una AFP, un completo revolcón del sistema.
Si se llega a caer la reforma pensional, los traslados recientes se mantendrían, pero no hay claridad sobre dónde se guardaría el dinero. Los expertos consideran que la Corte no tomaría una decisión antes de las elecciones sabiendo lo que está en juego.