Siguen aumentando las voces en contra del plan del Gobierno que busca que los fondos privados de pensiones transfieran a Colpensiones 25 billones de pesos, correspondientes a los ahorros de afiliados que no se trasladaron a tiempo de régimen y aprovecharon la llamada “ventana de oportunidad”, uno de los dos artículos vigentes de la reforma pensional.
A la oposición de los fondos de pensiones, agremiados en Asofondos, centros de pensamiento y el mismo Banco de la República, se unió la Contraloría General de la República (CGR), entidad que lanzó una advertencia sobre el proyecto de decreto del Ministerio del Trabajo que busca reglamentar el traslado de dichos recursos.
La Contraloría advierte que esta medida no sería jurídicamente viable, ya que la misma ley que le dio vida a la llamada oportunidad de traslado (la cual permitió que las personas que habían superado la edad máxima para cambiarse de régimen lo pudieran hacer sin tener que recurrir a mecanismos judiciales) establece que esos recursos deben seguir siendo administrados por las AFP hasta que se cause el derecho pensional.
Las cifras del proceso son significativas. A febrero de 2026, cerca de 119.496 personas han hecho uso de la opción de traslado, acumulando recursos por aproximadamente 24,7 billones de pesos. De ese total, 18.507 personas ya consolidaron su derecho pensional y el resto aún no han completado todos los requisitos, que principalmente son edad y semanas cotizadas.
Además del debate jurídico, la CGR alertó sobre riesgos fiscales. El traslado de estos recursos a Colpensiones podría implicar que el ahorro pensional de largo plazo se convierta en gasto corriente, destinado al pago inmediato de mesadas. Este cambio, según el organismo, podría incrementar el pasivo pensional del Estado y trasladar cargas a futuras generaciones.
El panorama se complica por el contexto normativo. La reforma pensional, que es de donde se deriva la oportunidad de traslado, está actualmente bajo revisión de la Corte Constitucional, mientras que el Decreto 1225 de 2024, que reglamenta dicho proceso y sí está vigente, establece que, en ausencia del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo —aún no operativo y que administrará el Banco de la República—, los recursos deben permanecer en los fondos privados.
En este escenario, la Contraloría concluye que la implementación del decreto, en su forma actual, resulta inviable tanto por razones jurídicas como fiscales, lo que abre un nuevo frente de debate sobre el alcance y la sostenibilidad de la reforma pensional en Colombia.