La reposición de votos por la consulta presidencial del Pacto Histórico y la del Congreso, donde se escogió el orden de las listas para el Legislativo por el petrismo, adelantada el 25 de octubre de 2025, está enredada. Así quedó al descubierto en varios documentos conocidos por SEMANA que desnudan varias dudas e interrogantes en el interior del Consejo Nacional Electoral (CNE), la instancia administrativa encargada de tramitar y aprobar dichos pagos a los partidos políticos.
Este hecho surgió tras una presunta negligencia de la oficina jurídica del CNE, que no presentó a la sala plena a tiempo cuáles eran los topes electorales, y se le sumó la demora en las actuaciones de Andrea del Pilar Lopera Prada, jefa de la Oficina del Fondo Nacional de Financiación, cercana a Fabiola Márquez, magistrada del Pacto Histórico, quien solo cinco meses después de las consultas puso en evidencia lo ocurrido. SEMANA conoció que la resolución de topes electorales se publicó solo hasta diciembre de 2025, cuando ya había ocurrido la consulta y jurídicamente tendría un vacío.
Este suceso pone en aprietos al Pacto Histórico, especialmente a la candidatura de Iván Cepeda porque, como ocurre en cualquier campaña, sus directivos esperan los más de 2.000 millones de pesos que les corresponde por reposición y que eventualmente les servirían para el pago de testigos electorales, publicidad, desplazamientos y otros gastos en los que incurre el candidato de cara a la primera vuelta del 31 de mayo.
Igual ocurre con la exministra Carolina Corcho, quien formó parte de esa consulta, aunque ella ya resultó electa senadora y no tendría ese afán por la reposición de gastos que sí puede tener el candidato Cepeda.
Una de las cartas la firman 11 contadores que prestan asesoría a los magistrados del CNE y quienes no ocultaron su preocupación por lo que está sucediendo.
Óscar Javier Rodríguez, Óscar Luis Leones, Arelis de la Cruz León Acosta, Betty Alvarado Vásquez, Milquiades Garavito Rodríguez, Miriam Johanna Cabezas, Nancy Valenzuela, Yamile Díaz, entre otros, dirigieron la misiva a Andrea del Pilar Lopera Prada, jefa de la Oficina del Fondo Nacional de Financiación.
De un lado, los contadores requirieron que se defina si las listas de Senado y Cámara participantes de esta consulta “lo hicieron a través de una consulta interna o una consulta interpartidista con el fin de poder determinar quién sería la agrupación política responsable de la presentación del informe consolidado de ingresos y gastos de campaña y las sumas máximas a invertir de cada candidato o lista”.
Señalan que, si bien existe la resolución 00200 del 22 de enero de 2025, mediante la cual se fija el límite a los montos de gastos de la consulta, “en el resuelve de la misma, en sus articulados no se menciona el límite a los montos de gastos para la escogencia de candidatos de Presidencia y Congreso, lo que deja un vacío normativo al momento de la revisión y posterior certificación de los informes presentados”, y de ahí nacen las presuntas fallas en las que incurrieron el jurídico y la jefa del fondo de campañas, Andrea Lopera.
Advirtieron que desde el Fondo Nacional de Financiación Política del CNE adelantaron un análisis interno de una posible aplicación de topes, conforme a lo establecido en la resolución citada, que arrojó varias conclusiones.
Entre ellas, “que a partir de los valores resultantes de los diferentes cálculos, se evidencian inconsistencias y falta de coherencia interna en los valores arrojados, particularmente en la comparación entre los topes fijados para las consultas de carácter nacional (Senado) y las de carácter departamental (Cámara)”.
No se puede olvidar que, de acuerdo con el artículo 1.° de la resolución 00200 de 2025 del CNE, el límite máximo de gastos para las consultas nacionales es de 6.080.378.131 pesos, valor que, según los contadores, “debería representar el tope más alto dentro de la estructura de financiación por corresponder al nivel nacional (Senado o Presidencia)”, pues la regulación se hizo para consultas de niveles inferiores a los que se iban a presentar en el año 2025.
No obstante, “para la consulta de la Cámara de Amazonas, el tope de consulta asciende a 480.175.147 pesos, lo que, al dividirse entre el número de candidatos (2), arroja un tope por candidato de 240.087.573,5 pesos”, precisaron.
Mientras tanto, para el Senado, de carácter nacional, el tope por candidato resulta ser de 42.224.848,13, “valor seis veces inferior al de una circunscripción departamental como Amazonas”, se lee en el ejemplo.
A juicio de los contadores, esta situación carece de proporcionalidad y coherencia técnica, ya que la consulta nacional abarca un potencial electoral mayor (más de 41 millones de potenciales votantes), “lo cual debería reflejarse en un tope sustancialmente superior al de cualquier circunscripción departamental o municipal. Como se evidencia en el cuadro en circunscripciones con pocos candidatos (como Amazonas o Vaupés), los topes por candidato resultan desproporcionadamente altos frente a aquellos de carácter nacional, donde el número de candidatos es mucho mayor”.
Y pidieron la revisión metodológica, a lo que Lopera le tiró la pelota a la Sala Plena del CNE, en el sentido de que deban ellos resolver la aplicación de las resoluciones 00200 y 00201 de 2025, “para fijar el límite a los montos de gastos de las consultas que realicen los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, y/o grupos significativos de ciudadanos este 26 de octubre de 2025”, sin proponer la solución a la omisión que tuvieron en su momento.
Tal situación llevó a que los que tienen la responsabilidad de cumplir con la revisión de los informes manifestaran que “los contadores del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, que por asignación tenemos cuentas a nuestro cargo, advertimos que esta situación nos está generando un vacío jurídico que imposibilita continuar con la respectiva revisión y posterior certificación de los informes presentados para este proceso electoral”.
Coincidieron en que esta situación ya había sido advertida a la jefe Lopera del fondo de campañas del CNE en comunicaciones previas, “sin que se hubiera implementado correctivo alguno”.
Y remataron: “Requerimos de la directriz a seguir lo más pronto posible y, hasta tanto no la tengamos, no podemos continuar con la revisión de dichos informes y posterior certificación de estos, ya que sin los insumos (compendio normativo) necesarios no podemos hacer nuestro trabajo. Lo anterior teniendo en cuenta que ya hay derechos de petición y tutelas al respecto”.
Este escenario de incertidumbre llevó a que Andrea del Pilar Lopera, jefa de la Oficina Fondo Nacional de Financiación de Partidos Electorales del CNE, se escudara en la Sala Plena y enviara una misiva el 18 de marzo de 2025 a Adriana Charari Olmos, secretaria técnica de la Sala del Consejo Nacional Electoral, para que le resuelvan el problema en el que ahora están los candidatos de las consultas.“
En el marco del proceso de revisión de los informes de ingresos y gastos de campaña correspondientes a las consultas realizadas el 26 de octubre de 2025, y en atención al informe presentado por el equipo de contadores del Fondo Nacional de Financiación de Partidos y Campañas Electorales, nos permitimos poner en su conocimiento una situación que requiere definición por parte de esa honorable Sala.
Del análisis técnico efectuado, se evidencian inconsistencias y falta de coherencia en la aplicación de los topes de gastos establecidos en la normativa vigente, particularmente en la comparación entre consultas de carácter nacional y territorial, lo que genera resultados desproporcionados en los valores máximos a invertir por candidato”, informó.
Esta situación ahora obedece, según Lopera, a la aplicación de criterios que no responden de manera uniforme a la naturaleza de las consultas, generando posibles afectaciones al principio de equidad electoral. Adicionalmente, “se identifica un vacío normativo en relación con la determinación clara de los topes aplicables para este tipo de procesos, lo cual dificulta establecer con certeza los parámetros bajo los cuales debe adelantarse la revisión y posterior certificación de los informes presentados por las campañas”.
“En este contexto, y considerando que esta situación impide continuar de manera adecuada con el proceso de revisión y certificación de los informes, respetuosamente se solicita a la sala plena del CNE definir y establecer la línea de revisión que debe aplicarse a los informes de ingresos y gastos de campaña de las consultas 2025”, se lee en la misiva.
“Lo anterior resulta de carácter urgente, teniendo en cuenta que actualmente se encuentran en curso solicitudes, derechos de petición y demás actuaciones relacionadas con estos informes, lo que hace necesario contar con una directriz clara para continuar con el proceso”, concluyó.
La carta fue fechada el 18 de marzo y los magistrados volverán a sesionar en sala plena hasta el 6 de abril, pero hasta el momento el tema no se tiene contemplado en la sala plena del CNE.
Al Pacto Histórico, solo por la candidatura de Iván Cepeda, se le demorarán los 960 millones que el hoy aspirante presidencial reportó de gastos de su campaña y, por Carolina Corcho, otros 1.428. La cifra pudo ser mayor porque esa consulta obtuvo casi 2,8 millones de votos, pero el Estado paga lo reportado como gastos.