Las primeras semanas de Didier Blanco al frente de la Unidad Nacional de Protección (UNP) han dejado sobre la mesa una serie de revelaciones sobre los esquemas de seguridad asignados durante el anterior gobierno y los recursos que todavía comprometen a la entidad.
Durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, Blanco reveló que el esquema de seguridad de Juliana Guerrero tuvo un costo de 739 millones de pesos entre marzo de 2025 y septiembre de 2026.
La joven había recibido protección durante el gobierno de Gustavo Petro y posteriormente la UNP decidió retirar la medida.
El caso de Guerrero no es aislado. La Procuraduría mantiene una indagación sobre las circunstancias en las que fueron asignados y prorrogados los esquemas de Guerrero y Gabriela Muñoz, para establecer si se presentaron irregularidades en las decisiones adoptadas por la UNP y el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas.
Otro de los datos entregados por Blanco corresponde a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko, quien fue firmante de paz y excombatiente de las Farc.
Actualmente, Londoño cuenta con seis vehículos blindados y 16 hombres de protección. El dirigente de Comunes había solicitado ampliar su esquema, pero después del estudio de riesgo la entidad determinó que no procedía aumentar las medidas.
Blanco explicó que los firmantes del Acuerdo de Paz tienen condiciones particulares de protección derivadas de compromisos internacionales con la CIDH.
Blanco también puso la lupa sobre los vehículos entregados a antiguos funcionarios. Según explicó ante los congresistas de la Comisión, algunos exministros, excongresistas y exfuncionarios no han devuelto los automotores asignados por la UNP, situación que, según el director, ha dificultado la transición y la entrega de medidas a nuevos beneficiarios, como, por ejemplo, 22 congresistas que aún no tienen su esquema.
A esto se suma otro dato sobre la estructura de la entidad: Blanco aseguró que encontró 2.800 contratistas por prestación de servicios, frente a un promedio histórico cercano a 900, con honorarios que, según lo expuesto ante la Cámara, oscilan entre 12 y 13 millones de pesos.
La UNP atiende actualmente a unas 12.000 personas, con medidas que van desde apoyos básicos hasta esquemas de alta seguridad. De estas, 5.000 personas tienen las llamadas medidas de protección duras.
Desde finales de agosto, la nueva dirección comenzó una revisión de los dispositivos asignados durante la administración anterior. Esa revisión ya derivó en el retiro o ajuste de esquemas de varios exfuncionarios y personas vinculadas al anterior gobierno, entre ellos exministros, exdirectivos y otros beneficiarios.
Así, las cifras reveladas por Blanco abren un capítulo sobre cuánto le cuestan al Estado los esquemas de protección, cuánto tiempo permanecen vigentes después de que cambian las circunstancias de riesgo y qué bienes públicos continúan en poder de antiguos beneficiarios.
Como ejemplo, Blanco aseguró que, por ejemplo, un esquema compuesto por dos camionetas blindadas y cuatro hombres de protección le cuesta al Estado, cada mes, un promedio de 160 millones de pesos.
Esto quiere decir que, si ese fuera uno de los formatos más pequeños de protección y los 5.000 cobijados con esquemas duros tuvieran uno de esos, el Estado debería pagar, cada mes, 800.000 millones de pesos.
*La cifra solo ejemplifica lo costoso que le puede salir al Estado el pago de la protección de funcionarios, líderes sociales y personas en situaciones de riesgo; pero varía de acuerdo con el nivel arrojado en el estudio de seguridad, que puede determinar si necesita o no carro, cuántos hombres de protección requiere o, por ejemplo, si solo necesita un chaleco antibalas o una camioneta sin blindaje con conductor.