Las declaraciones del presidente Gustavo Petro, en las que aseguró que durante su administración “no murió nadie de la oposición”, desataron una fuerte reacción en sectores políticos, especialmente por parte de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe Turbay, asesinado en un atentado.
A través de su cuenta en X, Tarazona rechazó las palabras del jefe de Estado y lo acusó de desconocer uno de los hechos más graves de la violencia política reciente en Colombia.
“¿Qué tal? Gustavo Petro acaba de decir en su discurso falso y mentiroso que no murió nadie de la oposición. ¿Cómo es capaz de decir eso, cuando es cómplice del asesinato de Miguel Uribe Turbay, el líder de la oposición en Colombia? Sinvergüenza, mentiroso, corrupto”, escribió.
El mensaje se produjo luego de que el mandatario afirmara, durante su discurso en la instalación del nuevo Congreso, que en su gobierno no había fallecido ningún integrante de la oposición política, una declaración que rápidamente fue cuestionada por dirigentes de distintos sectores, quienes recordaron el asesinato del senador del Centro Democrático.
Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado durante un acto público y falleció semanas después como consecuencia de la gravedad de las heridas.
Su muerte provocó una ola de rechazo nacional e internacional y reabrió el debate sobre las garantías de seguridad para quienes ejercen la oposición política en el país.
Las palabras de Tarazona elevan el tono de la confrontación con el presidente, al señalarlo de manera directa como “cómplice” del crimen, una acusación de carácter político que se suma a las críticas que desde diferentes sectores han surgido contra el Gobierno por el clima de polarización y por las condiciones de seguridad de los dirigentes políticos.
La declaración de Petro también generó cuestionamientos porque varios líderes de la oposición consideran que desconoce el impacto político e institucional que tuvo el asesinato de Miguel Uribe Turbay, quien era una de las principales figuras de ese sector y aspirante presidencial.
Entretanto, el intercambio volvió a poner sobre la mesa el debate sobre las responsabilidades políticas frente a la violencia contra quienes participan en la contienda democrática y la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para todos los actores políticos del país.