El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ya nombró en propiedad a quien será pieza clave para vigilar los mercados y proteger a los consumidores.

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María Rocío Cortés Vargas es la nueva superintendente de Industria y Comercio. Foto: Ministerio de Industria y Comercio

Este miércoles fue designada María Rocío Cortés Vargas como nueva superintendente de Industria y Comercio, en reemplazo de Cielo Rusinque, quien estuvo al frente de la entidad durante la anterior administración.

Cortés llega al cargo con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y un perfil principalmente jurídico. Es abogada y cuenta con especializaciones en Derecho Público y en Ciencias Penales y Criminológicas. Según su hoja de vida, acumula 24 años y seis meses de experiencia como servidora pública.

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Mauricio Gómez Amín. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Su recorrido profesional incluye cargos en algunas de las principales instituciones de la administración de justicia. En la Fiscalía General de la Nación ejerció, entre otras funciones, como fiscal ante Tribunal Superior y directora seccional de Fiscalías. Posteriormente, estuvo vinculada a la Procuraduría General de la Nación como procuradora judicial en materia penal.

También pasó por el Consejo Superior de la Judicatura, donde ocupó los cargos de magistrada y magistrada auxiliar de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

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Foto: SUMINISTRADA A SEMANA API

A esa experiencia se suma su paso por entidades territoriales de Cartagena de Indias y el departamento de Bolívar, donde estuvo relacionada con asuntos jurídicos y administrativos.

Ahora, Cortés tendrá a su cargo una entidad con competencias que tienen impacto directo sobre consumidores y empresas. La SIC vigila aspectos relacionados con la libre competencia, la protección de los consumidores y el funcionamiento de los mercados.

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El nombramiento se produce mientras el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, encabezado por Mauricio Gómez Amín, plantea como parte de su agenda el fortalecimiento institucional, la reducción de barreras para la actividad productiva y la generación de condiciones para atraer inversión y promover el empleo.