Los recursos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) habrían sido utilizados para posicionar la imagen del proyecto político de Gustavo Petro en plena época electoral. SEMANA revela el contenido de un millonario contrato que genera controversia.
Se trata de un negocio que pactó el DPS con el Canal Tro, de Santander, por 9.499 millones de pesos con el objetivo de “fortalecer las acciones del plan estratégico de comunicaciones para garantizar la transparencia y el derecho a la información de la ciudadanía, facilitar la apropiación de los cambios institucionales y los nuevos enfoques de los programas, y mejorar la eficiencia en la inversión de los recursos para apoyar a las áreas misionales de la entidad”.
El convenio se empezó a ejecutar el 17 de febrero de 2026 y la terminación se programó para el próximo 31 de diciembre. Sin embargo, la administración Petro raspó la olla antes de tiempo y se gastó la plata para resaltar su imagen cuando los colombianos definían la suerte del nuevo Gobierno en las urnas.
De los 9.499 millones de pesos disponibles para 11 meses, el DPS facturó 8.643 millones en menos de seis meses. Es decir, casi el 91 por ciento de todo el contrato.
Además del afán por el gasto, hay ruido por el momento en que se invirtió el dinero. Por ejemplo, la mayor concentración de la pauta se produjo durante mayo, junio y julio, uno de los periodos más sensibles en el escenario electoral.
Por el material divulgado en medios de comunicación y redes sociales en fechas asociadas a la campaña, el DPS emitió dos altas facturas por 919 millones de pesos y 3.541 millones de pesos, las dos más grandes del contrato.
Aunque buena parte de estos productos se justificaron en el contrato como contenidos para divulgar programas, resultados y acciones de la entidad, en el material y mensajes figuraron de manera reiterada el presidente Gustavo Petro y el entonces director del DPS, Mauricio Rodríguez. Es decir, se habría priorizado a los personajes sobre los intereses de la ciudadanía para conocer la información del Departamento.
En uno de los documentales que se produjeron se pidió, especialmente, hacerle frente a “la tensión de los debates mediáticos”, y que la narrativa se fundamentaba en validar “la continuidad de este modelo de transformación social”, haciendo referencia al modelo del Gobierno Petro en plena campaña por la presidencia, cuando abiertamente el Ejecutivo apostaba por la elección de Iván Cepeda.
No solo eso. En los guiones audiovisuales se pidió mostrar problemáticamente a la oposición, a los empresarios y a las críticas que se emitían desde los medios de comunicación: “Debates en medios, oposición criticando, titulares de tensión económica, empresarios hablando, marchas”, se lee en uno de los documentos conocidos por SEMANA. Mientras que se ordenó proyectar a Petro de buena manera y rodeado de personas.
Al parecer, el afán del gasto habría respondido a una petición de la Casa de Nariño: sobreexponer a Petro y su trabajo para hacerle frente a la campaña mediática contra su gestión en plena carrera presidencial, comentaron fuentes conocedoras de la situación.
La ejecución acelerada de los recursos, la concentración de la pauta en plena campaña y el contenido de los mensajes ponen ahora el contrato bajo la lupa. Será tarea de los organismos de control establecer si el millonario desembolso se ajustó a los fines para los que fue contratado y si los contenidos financiados con recursos públicos respetaron los límites entre comunicación institucional, promoción de la gestión y propaganda política.